El Ministerio de Transición Ecológica ha incumplido su compromiso con la Comisión Europea de reformar la tarifa regulada de electricidad -el llamado Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)- antes del pasado mes de octubre.
El Gobierno pactó con Bruselas que presentaría dicha reforma en otoño para que pudiera comenzar a aplicarse a principios de este año pero no ha sido capaz de desplegar el nuevo sistema tarifario en tiempo y forma pese a que el departamento de Teresa Ribera recibió el visto bueno a su propuesta por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a mediados de diciembre tras haber presentado con retraso su borrador de reforma.
Fuentes del sector eléctrico indican que la propuesta que había puesto sobre la mesa el Ministerio contaba con la compra de energía a plazo durante el último trimestre del año y la falta de concreción en la medida impedía a las empresas poder activar este nuevo sistema con el tiempo necesario para llevar a cabo las compras de energía necesarias.
La medida además debía convertirse en una solución a largo plazo para los consumidores españoles frente a la llamada excepción ibérica que está provocando divergencias de precios entre países europeos y, por lo tanto, mantiene abierta esta situación problemática para los consumidores del mercado regulado que sufren así una mayor volatilidad en los precios.
Requisito de la UE
El departamento de Competencia de la Comisión Europea explicó el pasado mes de junio en su resolución sobre la autorización del mecanismo que autorizaba esta medida excepcional que únicamente se permitía hasta el 31 de mayo de 2023.
Según dicho documento, "España ha explicado que el objetivo de la medida es aliviar temporalmente a los consumidores de electricidad de la Península Ibérica y también dar tiempo a las autoridades para reformar la tarifa PVPC con el fin de reducir la exposición de los hogares vulnerables y las pyme al mercado al contado".
El propio Gobierno fue incluso más allá y se comprometió a llevar a cabo esta reforma en el mismo texto del Real Decreto Ley 10/2022 que regula la excepción ibérica y que obliga a reformar el Real Decreto 216/2014 por el que se establece la metodología de cálculo de la tarifa PVPC antes del 1 de octubre.
La CNMC dio el visto bueno a la reforma de la tarifa regulada el pasado diciembre
Según el propio Gobierno "una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Así, el mecanismo de ajuste se configura como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma y esta entra en vigor de forma efectiva, pero ya alertaba en junio de que este cambio "no es inmediato".
La subida de precios del mercado diario e intradiario y su alta volatilidad han perjudicado especialmente a los pequeños consumidores domésticos con potencia contratada menor o igual 10 kW, que se encuentra acogidos al PVPC, entre los que se encuentran los consumidores vulnerables con derecho a la aplicación del bono social.
Esta traslación directa de la volatilidad y del elevado precio del mercado diario e intradiario al PVPC se debe a que la metodología para establecer el coste de la energía emplea exclusivamente el precio del mercado diario e intradiario en cada hora.
España y Portugal quieren ampliar la duración del llamado mecanismo ibérico
Con el objetivo de reducir la volatilidad, este real decreto-ley establecía el mandato de realizar las modificaciones necesarias en la metodología de cálculo del PVPC, para introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando una componente de precio basada en una cesta de productos a plazo -anuales, trimestrales y mensuales- y una componente de precio del mercado diario e intradiario de tal forma que la nueva fórmula de fijación del coste de la energía del PVPC pudiera empezar a aplicarse a principios de 2023.
Mientras se produce este incumplimiento, España y Portugal quieren ampliar la duración del llamado mecanismo ibérico de tope al gas más allá de mayo.
Ampliar la excepción
El primer ministro luso, Antonio Costa, indicó recientemente que ambos países deben iniciar cuanto antes la negociación con la Comisión Europea para poder prorrogar este sistema que ha permitido contar con precios alrededor de un 15% más bajos y generar un ahorro de cerca de 2.700 millones en el caso español y de 360 millones para Portugal.
La medida también ha resultado beneficiosa para Francia que ha podido importar electricidad notablemente más barata para cubrir su déficit de generación por los problemas de su parque nuclear.