Bruselas
Los Veintisiete han dado este jueves otra patada hacia adelante y han pospuesto a un nuevo encuentro, el próximo 13 de diciembre, el respaldo a la plataforma de compras conjuntas de gas y la agilización de los trámites de los proyectos renovables. Dos medidas que quedarán supeditadas a un acuerdo sobre la polémica propuesta de tope al precio del gas.
Sobre la mesa del Consejo de ministros de Energía de la UE de este jueves había tres textos. Sobre dos de ellos se esperaba un respaldo de los Veintisiete: el relativo al elemento de solidaridad entre Estados miembro en caso de escasez de gas, en la que se incluyen las compras conjuntas de gas, y la propuesta para acelerar los permisos de proyectos renovables.
Dos cuestiones que se abordarán "el 13 de diciembre, cuando nos reunamos otra vez en el quinto Consejo de Energía extraordinario", ha emplazado el ministro de Industria y Comercio de la República Checa, Jozef Sikela, que ha explicado que la adopción estos dos reglamentos irá "de la mano" de un "acuerdo político" para el mecanismo de tope al gas.
"La discusión ha sido acalorada", ha reconocido Sikela apuntando a la divergencia de opiniones sobre el nivel de tope de 275 euros/MWh al que la medida entraría en funcionamiento.
Más allá de que la cifra sea muy elevada a juicio de países, como España, Grecia, Italia o Polonia; los Estados miembro han criticado además que las condiciones para su puesta en marcha no sean realistas y es que requiere que esos precios por encima de 275 euros/MWh se mantengan durante dos semanas y que supere en 58 euros los niveles de los mercados globales de gas natural licuado. Algo que, afean, no se produjo ni siquiera durante los picos de precios registrados el pasado agosto, cuando esas cifras solo se mantuvieron durante cinco días.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera ha señalado, en rueda de prensa tras el Consejo, la necesidad de "modificar también esta horquilla temporal propuesta de 15 días seguidos, porque nunca hemos tenido un espacio temporal así". En un paso más destacó que un escenario como el que plantea la Comisión "supondría un precio de la electricidad durante 15 días de unos 600euros/MWh, un nivel que nadie podría asumir".
En este marco, la vicepresidenta tercera ha detallado que "ha habido una gran mayoría dentro del Consejo para que, en lo que respecta a fijar un tope al precio del gas, se trate de una referencia dinámica y no estática", en línea con la idea que España llegó defendiendo al encuentro. Se articularía como una referencia que se adecuaría al resto de precios en los mercados internacionales, un planteamiento que la titular de Transición Ecológica ha defendido que sería "mejor" que fijar un precio tope fijo, que provocaría un alza de los precios.
Ya a su entrada a la reunión de ministros de Energía, Ribera instó a que las tres medidas se adoptaran como parte del mismo paquete por su "estrecha" relación. Y argumentó que sería "desequilibrado" que los Veintisiete respaldaran la aceleración de los permisos de los proyectos de energías verdes y reforzaran la solidaridad y "dejara en el vacío" la propuesta de limitar el precio del gas. Lo que se ha ratificado con este nuevo emplazamiento a una cita en diciembre.
Los ministros de Energía de la UE tenían sobre la mesa un acuerdo sobre la propuesta para establecer una plataforma de compras conjuntas de gas a nivel comunitario. Una idea herencia de las compras conjuntas de vacunas de la pandemia y en la que España defiende que se extienda al mercado del gas natural licuado.
La medida incluye además un mecanismo de solidaridad entre Estados miembro por el cual, si uno de ellos se encuentra en una situación de carestía de gas, los países vecinos deberán brindarle ayuda para ello.
Los titulares de Energía de la UE también debían valorar si agilizar los permisos de los proyectos de renovables para acelerar el despliegue de energías verdes en el mercado comunitario. El reglamento es polémico porque choca de lleno con la regulación medio ambiental. De hecho, la vicepresidenta primera ha llamado la atención sobre la incertidumbre jurídica que generaría la medida que pone por delante el interés en los proyectos de renovables frente a la protección del medio ambiente.