Energía

El impuesto a las energéticas pone en riesgo 16.000 millones de inversión

  • El Gobierno 'suaviza' el impuesto al sector: los ingresos regulados quedan exentos del tributo

El sector energético teme que el impuesto que prepara el Gobierno sobre los ingresos de las compañías pueda acabar reduciendo las inversiones en España y afectando a la pequeña y mediana industria.

Según las estimaciones que barajan eléctricas y petroleras, la medida puede reducir en cerca de 16.000 millones (8.000 millones al año) los fondos que destinan a España estas grandes compañías tras haberse rechazado la posibilidad de deducir las inversiones realizadas para la transición energética.

La Asociación Española de Operadores Petrolíferos lamentó ayer la falta de justificación real, los problemas en su planteamiento y los errores que derivarían de su aplicación. La asociación señaló las preocupantes consecuencias que se podrían derivar de la puesta en marcha de este gravamen, que obligará a detraer recursos que hoy se dirigen a investigar e invertir en nuevas tecnologías.

Tras el escándalo provocado por la decisión del Gobierno de vetar las enmiendas de los grupos y la posterior marcha atrás del Ejecutivo, la Comisión de Asuntos Económicos acordó ayer incluir 17 enmiendas de las 136 que había planteadas para suavizar levemente el impuesto, un extremo que no será suficiente para evitar la batalla judicial que se espera que provoque este nuevo gravamen.

Las compañías ya tienen el foco puesto en los recursos judiciales que prevén plantear ante este nuevo impuesto. Las eléctricas consideran que la propuesta del Gobierno va en contra del Reglamento europeo ya que no mantiene reglas similares a los planteamientos de Bruselas. De hecho, aseguran que no deberían estar incluidas porque la norma comunitaria sólo limita su aplicación a las empresas de petróleo, gas, carbón y refinerías.

La Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito pretende gravar el 1,2% de la cifra de negocio de 2022 y 2023 de los operadores principales del sector energético cuyos ingresos de 2019 hayan superado los 1.000 millones de euros.

Esta medida, según un informe elaborado por Metyis, supondrá un impacto de 2.000 millones de euros. El impuesto, según este estudio, supone una doble imposición. Hay obligación tributaria sobre el mismo valor económico en varias ocasiones dentro del proceso de produción. Existe ya una imposición sobre los ingresos en base a la renta de las empresas (impuesto de sociedades), también dependiente de los ingresos.

El coste del impuesto además se transmite a través de la estructura de costes de la empresa mediante una reducción de los dividendos de los accionistas, el incremento del WACC de proyectos futuros o medidas que afecten a los trabajadores.

El impuesto además puede genera una importante asimetría ya que empresas que obtiene el mismo volumen de negocio pueden tener diferentes estructuras de costes pero tiene que afrontar una misma fiscalidad. Los sectores con menores márgenes tienen tasas impositivas efectivas más altas.

Enmiendas aprobadas

La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso dio luz verde este jueves a 17 de las 136 enmiendas, la mayor parte de ellas referentes al sector energético. Destaca la aprobación de las propuestas transaccionales del PNV y PDeCAT para que la facturación correspondiente a las actividades a precio regulado quede exenta del tributo. Se trata de los negocios correspondientes al mercado PVPC, a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas, así como a parte del negocio de las bombonas de butano, del GLP envasado y del GLP por canalización. También quedan exoneradas las concernientes a redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural.

Asimismo, y según recogen las enmiendas 61 y 67, se precisa que el impuesto solo afectará a las actividades que se desarrollen en el territorio español. Por otro lado, se excluye de la facturación los ingresos correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y los gravámenes complementarios a carburantes y combustibles petrolíferos de Ceuta y Melilla.

El Gobierno abre la puerta a la permanencia del gravamen a las energéticas y a la banca. Se ha comprometido por escrito a realizar un informe para analizar de su eficiencia en 2024, una vez finalice su vigencia de dos años, y decidir si se mantiene indefinidamente.

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