Hace unos meses el Gobierno anunció que suavizaba el recorte a los ingresos de las compañías eléctricas que había aprobado a mediados de septiembre. De este modo, las compañías que ofreciesen contratos de luz a precio fijo y a largo plazo quedarían exentas de la conocida como minoración de ganancias, que supone una reducción relevante de los ingresos de las centrales que no emiten CO2, esto es, nucleares, hidroeléctricas y una parte de las renovables.
A este respecto, las comercializadoras independientes denuncian que no pueden competir con las grandes eléctricas como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno para abaratar el precio de la electricidad y del gas natural. A este respecto, Paula Román, directora general de Feníe Energía, indicó que "el Gobierno quiere recaudar esos beneficios extraordinarios de la generación, pero aplica una exención que es la que a nosotros ahora mismo nos marca la diferencia para ser competitivos".
Por su parte, Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia, destacó que esa ventaja para las grandes corporaciones les está sirviendo "para hacer políticas de captación de nuevos clientes", perjudicando aún más la situación de las comercializadoras independientes. No en vano, el trasvase de clientes de las comercializadoras independientes a las de las grandes eléctricas se ha disparado. Por ejemplo, Iberdrola, Endesa y Naturgy han conseguido ganar 600.000 clientes de enero a junio.
Para Rousaud, la clave hubiese estado en "tener en cuenta el factor temporal de los contratos a largo plazo. Al no hacerse de este modo, lo que se produce es una ventaja competitiva de los grandes grupos integrados respecto a las comercializadoras independientes".
En este sentido, Jorge González Cortés, presidente de Contigo Energía, recordó que de los 29 millones contratos eléctricos que existen en nuestro país, "las comercializadoras independientes que más clientes tienen rondan los 300.000 frente a otros países de nuestro entorno que han liberalizado sus mercados y donde algunos operadores ya pasan del millón".
El motivo, según el directivo, se encuentra en una regulación que hace que las empresas independientes operen en desventaja frente a los grandes actores que integran generación y comercialización y que ha echado por tierra el esfuerzo de liberalización del mercado de los últimos 20 años reforzando el oligopolio que ya existía.
Cortés recordó que el recibo de la luz lleva 20 años sirviendo de instrumento político para los diferentes gobiernos. "Si el regulador tiene un ojo en la opinión del electorado y el otro en las comercializadoras, nunca llegará a una verdadera solución técnica", recalcó para rematar que "somos los operadores los que conocemos el mercado. Somos dos caras de una misma moneda, el sitio donde se queja el cliente y, a la vez, donde el consumidor puede encontrar ahorro".
En este contexto, Antonio Colino, director general de Plenitude, incidió en que han echado en falta que a la hora de diseñar las medidas para rebajar la factura final del consumidor no se hayan tenido en cuenta "todas las perspectivas. En Europa se está haciendo una reflexión más profunda a la hora de definir las líneas de actuación".
En este punto, "tenemos que aprender de Portugal, de cómo están gestionando esta crisis. Estamos compitiendo mal porque hay un cambio regulatorio que está beneficiando a las grandes y está matando la competencia. En Portugal, por ejemplo, han reducido el nivel de peajes para intentar compensar el incremento de la comodity", destacó Ignacio Soneira, CEO de Axpo Iberia.
En su análisis de la situación, Soneira destacó que, a pesar de todo, el mercado español se encuentra mejor que el centroeuropeo y apuntó que "esta crisis ha servido para recuperar en nuestro país conceptos que parecían pasados de moda como seguridad de suministro, diversificación de aprovisionamiento o mix energético". Asimismo, el consejero delegado hizo un llamamiento para aprovechar las oportunidades de avanzar hacia una energía más sostenible mediante equipos de autoconsumo o el impulso de un mercado y una producción de biometano.
Seguridad y estabilidad
En su caso, la responsable de B2B de Shell para Europa, Giorgia Arnaboldi, recalcó la importancia de colaboración entre las comercializadoras, las generadoras, las asociaciones, los reguladores y los gobiernos para aportar medidas que aporten seguridad y estabilidad ante una situación sin precedentes como la que vive el continente en estos momentos. De hecho, una de las grandes preocupaciones de la directiva no se basa en el invierno que está por venir, sino en los inviernos siguientes.
"Esta industria tiene el derecho de poner sobre estas mesas las competencias técnicas que posee para discutir constructivamente con el resto de actores", aclaró Arnaboldi en referencia a las mesas de diálogo conformadas en el Reino Unido durante los últimos meses. La representante de Shell recordó, asimismo, que "los gobiernos deben ayudar a las compañías a modificar la demanda energética de los consumidores con medidas que incentiven la reducción del consumo y la mejora de la eficiencia".
En relación al papel de los ejecutivos, Emilio Rousaud, recordó que el ejecutivo alemán salió en julio al rescate de la gasista Uniper con una participación del 30%. "El incremento del precio del gas no se ha trasladado realmente al cliente en Europa, porque de lo contrario se hubiera vivido una gran crisis. Es mejor financiar la producción de las empresas altamente dependientes del gas", añadió.
Por último, y más allá de la propia actividad comercializadora, el consejero delegado de HomeServe Iberia, Fernando Prieto, resaltó la gran oportunidad que tienen las empresas del sector de reforzar su papel como prestadoras de "servicios adicionales de cara al cliente". Eso sí, "siempre que aporte un valor añadido".
Prieto aseveró, a este respecto, que "no puede ser un servicio circunstancial. Tenemos que diseñar programas ajustados a las necesidades que puedan tener los clientes. Cualquier producto con valor añadido genera un círculo virtuoso en el que la fidelización del cliente aumenta. No se trata de buscar el beneficio a corto plazo, sino a medio y largo plazo".
Precisamente, el directivo reconoció que uno de los principales retos que se han encontrado es que el sobreprecio que había que pagar por algunos servicios adicionales no eran equiparables al valor añadido que ofrecían.
Posibles soluciones
Para los estos expertos, una de las soluciones para afrontar el actual contexto de volatilidad es, precisamente, una de las medidas que ya contemplaba el Gobierno. De este modo, en el Real Decreto 17/2021, a través del que se articuló el plan de choque para contener el precio de la luz, el Ejecutivo contemplaba como una opción el obligar a las grandes empresas a subastar parte de su energía, en vez de que todo fuera a parar a sus propias comercializadoras.
Como recoge el real decreto, los sujetos vendedores serán los operadores dominantes en generación, y los compradores podrán ser las comercializadoras no pertenecientes a alguno de los grupos empresariales cuya matriz haya sido considerada como operador principal en el sector eléctrico y que dispongan de cartera de clientes de electricidad, los consumidores directos en mercado (grandes consumidores) o sus representantes.
El Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a ejecutar esta opción antes de diciembre de 2021, pero finalmente no se llevó a cabo y, de momento, sigue en el aire. Como remarcó Colino, "tenemos un Gobierno que incumple su propia ley".
Otras de las medidas que hay sobre la mesa es la regulación del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), creado en 2014. El PVPC, al que se pueden acoger los consumidores con hasta 10 kilovatios contratados (entre los que se encuentran los conusmidores vulnerables), ha sido tradicionalmente más barato que el mercado libre.
Al haberse disparado el denominado pool en los últimos meses, los consumidores en tarifa regulada han sido los primeros en sufrir esas subidas, ya que en el PVPC el coste de la energía está directamente indexado al denominado pool, que cambia cada hora.
De hecho, Bruselas ha condicionado su autorización al mecanismo para limitar el precio del gas en el mercado eléctrico a que España realice una reforma de la tarifa regulada. El Gobierno abordará la reforma de la tarifa regulada incorporando referencias de los mercados de futuros, con una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario, con el objetivo de que se empiece a aplicar desde el inicio de 2023.
"Una reforma apropiada del PVPC hubiese sido que dejas de existir tal como lo conocemos", señaló González Cortés, a lo que añadió que "la forma más equilibrada de relación entre un comercializador y un cliente es un contrato indexado". En esta línea, Paula Román pidió que "no se fomente más la tarifa regulada que la libre".
Por último, la directora general de Feníe Energía quiso hacer hincapié en el importante papel de las comercializadoras, ya que "no solo transfiere precios a determinados euros. Somos un agente clave en la transición energética y acompañamos al cliente en toda esta transformación", remarcó.
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