Valladolid
La Junta de Castilla y León incluye entre sus propuestas en materia de ahorro energético dirigidas al Gobierno la petición de ampliar el periodo de vida útil de las centrales nucleares.
La referida propuesta ya remitida al Gobierno de Pedro Sánchez se basa en cuatro principios para hacer frente al contexto energético actual, con tres consideraciones y cuatro ejes de actuación que se desarrollan a través de 18 medidas, y la misma se articula en el ofrecimiento que a partir de la última Conferencia Sectorial de Energía se hizo a las CCAA para, en una segunda fase y tras el polémico decreto en vigor desde hace un mes, realizar sus aportaciones ante la posible aprobación de un Plan de Contingencia en otoño.
En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien sigue pidiendo la retirada del decreto al considerarlo malo en cuanto a "la forma y el fondo"-los Servicios Jurídicos de la Junta están estudiando si recurren o no ante el Constitucional-, ha explicado que la batería de propuestas ahora remitida al Gobierno pretende hacer valer una serie de principios y posicionamientos de Castilla y León de cara a la próxima Conferencia Sectorial de Energía fijada ya para el día 7 de septiembre.
Entre las numerosas medidas, Fernández Carriedo ha incidido en la petición de ampliar el periodo de vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país, "al menos durante el tiempo que dure la escasez y hasta tener garantizada la autonomía energética y eliminar la dependencia del exterior".
Esa reprogramación del calendario de cierre de la capacidad de generación nuclear se plantea con todas las medidas de seguridad y garantías a través del Consejo de Seguridad Nuclear.
El consejero ha insistido igualmente en que desde la Junta no se actuará en base a "prohibiciones, sanciones, restricciones y limitaciones" respecto de entidades privadas, en alusión a sectores como el comercio y la hostelería, "a pesar de que se les haya presentado como los principales responsables del incremento del coste de la energía, pues son los primeros interesados en adoptar medidas para reducirlo", de forma que en este caso la respuesta debe ser en forma de ayudas para que adapten sus establecimientos "información, estímulo y apoyo".
En cuanto a su aplicación en el sector público, la propuesta se detiene en los denominados 'Clientes protegidos' como los hospitales, centros de Educación Infantil y Servicios Sociales para ser excluidos de la adopción de esas medidas restrictivas.
En definitiva, se aboga por un plan con el objetivo de bajar el precio de la energía y, por tanto, que desarrolle un marco energético que garantice estabilidad regulatoria, el bienestar de las familias y la competitividad del tejido empresarial, pymes, autónomos y a la industria, como es el caso de las electrointensivas y la cogeneración.
Además, el representante de la Junta ha recordado que Castilla y León es una comunidad autónoma solidaria en el contexto energético actual, contribuyendo a la generación eléctrica de España e impulsando medidas de ahorro en el funcionamiento ordinario de la Administración, y referente en la producción energética.
Líder en renovables
Así, es líder en potencia renovable con 12.220 MW instalados, y un porcentaje del 90% de producción energética a través de estas fuentes limpias. Además, produce cerca del doble de su consumo, pues de los 27.016 GWh producidos en nuestro territorio en 2021, según los datos de REE, 12.736 GWh fueron consumidos fuera de la Comunidad.
En el texto remitido se hace igualmente referencia a que Castilla y León hace un esfuerzo importante desde el punto de vista del ahorro energético en la administración autonómica.
De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó, en el mes de abril, un documento de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, cuyo eje 14 establecía medidas para revisar el impacto del coste de la energía en la administración autonómica incluyendo medidas para la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos, medidas de ahorro energético en el funcionamiento de la administración, medidas dirigidas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles así como para la racionalización de la contratación de suministros energéticos.
Además de la obligatoriedad tan solo para el sector público y fomento de las medidas a través de incentivos y actuaciones ejemplarizantes, pero en ningún caso mecanismos coercitivos y sancionadores, la Junta reconoce que la excepcionalidad de la situación justifica la adopción de medidas coyunturales, incluso de carácter estructural, aun cuando las mismas hubiesen sido descartadas por el Gobierno en los instrumentos de planificación energética nacional, pero todo ello previo debate y consenso con el resto de administraciones públicas y sectores afectados.
Además, el Ejecutivo integrado por PP-Vox reclama que esas medidas incluyan una contabilización y minimización de sus efectos sobre la actividad económica en general, así como sobre la competitividad de las empresas y las economías domésticas en particular; en segundo lugar, tendrán que considerar el factor temporal ya que algunas pueden implementarse con carácter inmediato, pero las que conlleven inversiones arrastrarán unos determinados plazos constructivos y legales que igualmente pueden verse condicionadas por la oferta de profesionales o stock de equipos suficientes por incremento puntual de la demanda; y en tercer y último lugar, tendrán, como objetivo específico la reducción a corto plazo de la demanda de gas natural, ya sea a través del consumo directo o a través del consumo eléctrico.
La Junta propone al Gobierno de España 18 medidas en cuatro ejes de actuación: medidas de sustitución de combustibles; instrumentos basados en el mercado; ahorro en calefacción y refrigeración y por último, actuaciones en sectores productivos.
Plan Renove de Calderas
La sustitución de combustibles es una opción prioritaria, sobre todo en el sector residencial, activando masivamente un Plan Renove de Calderas aprovechando los fondos europeos Next Generation.
También se defiende como imprescindible aprobar los desarrollos normativos que faciliten la inversión en la repotenciación de las instalaciones de generación renovable, el almacenamiento energético, la cogeneración de alta eficiencia y los gases renovables, como el hidrógeno o el biometano.
Se realiza una verdadera apuesta por el sector de la biomasa, reduciendo los impuestos a los biocombustibles sólidos como pellets o astillas, generadores de una actividad económica en el necesitado medio rural, así como constituyendo un instrumento que facilita la gestión de las masas forestales ante el riesgo de incendios.
Igualmente, se plantea toda la capacidad de generación eléctrica, incluso mediante carbón allí donde todavía resulte técnicamente posible de acuerdo con las orientaciones europeas, aun cuando se trate de una medida temporal a corto plazo.
La propuesta formulada desde Castilla y León contiene asimismo una extensa lista de medidas técnicas en cuanto a instrumentos de mercado para incentivar la reducción del consumo por parte de los grandes consumidores, así como para fomentar la rehabilitación energética de viviendas habituales más allá del 31 de diciembre de 2022, de forma similar a los edificios cuyos beneficios fiscales se contemplan hasta finales de 2023.
