
El Gobierno aprobó ayer su esperada intervención del mercado eléctrico. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dado luz verde al tope del precio del gas aunque con menor ambición que en su propuesta inicial. La medida aprobada supondrá una rebaja de la electricidad que comenzará con cerca de un 20% de descuento para ir reduciéndose hasta el 15% para los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC durante doce meses, lo que supone prácticamente la mitad del descuento previsto que era del orden del 30%.
Con esta medida, los beneficiados serán los cerca de 11 millones de consumidores que siguen en el PVPC, es decir, aquellos con una potencia contratada menor a 10 kW. Para lograr este descuento, los clientes no tendrán que hacer nada puesto que se liquida completamente en el mercado.
En octubre de 2021, alrededor del 60% de los consumidores eléctricos - unos 18 millones frente a un total de 29 millones- (60% del consumo total) disponían de un contrato de suministro a precio fijo, lo que les permitió mantener los precios acordados hasta la fecha de revisión de sus contratos.
Por el contrario, un 40% de los consumidores con contratos indexados al precio del mercado al contado (un 40% del total) o en tarifa regulada, PVPC, habrían experimentado un incremento del precio del 45% en 2021 (+229 euros con respecto a 2020 para un consumidor medio).
El Ejecutivo espera también que los clientes del mercado libre se beneficien de esta reducción en el medio plazo cuando les corresponda revisar sus precios, aunque en los casos en los que tengan contratos indexados serán los que asuman el coste de esta medida.
Según el texto de la propuesta, adelantado ayer por elEconomista.es, el descuento que disfrutarán los consumidores se irá reduciendo conforme avancen los meses ya que el sistema previsto supone un encarecimiento mensual del tope al gas de 5 euros/ MWh de modo que se pase del máximo descuento cuando entre en vigor con el tope de 40 euros hasta el mínimo del mes de junio de 2023 cuando el tope ascienda hasta 70 euros/ MWh.
Victoria parcial
La medida, no obstante, supone una victoria parcial para el Ejecutivo español, ya que Portugal exigió en la negociación una reforma del llamado Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) a la que se oponía España y que Bruselas ha acabado imponiendo.
Esta reforma, reivindicada desde hace tiempo por las compañías eléctricas, especialmente Iberdrola, supone forzar al Ejecutivo a dar pasos en una dirección que abandonó tras la oposición mostrada en su día por las asociaciones de consumidores, tal y como reconoció la propia vicepresidenta.
El Gobierno ha actuado a lo largo de los últimos meses sobre los costes regulados y sobre los impuestos pero se había negado a modificar la fórmula de cálculo de la tarifa regulada. El Real decreto-ley aprobado ayer por la mañana establece la obligación de hacer modificaciones en la metodología de cálculo del PVPC para introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando así una componente de precio basado en una cesta de productos de mercados a plazo -anuales, trimestrales y mensuales- y una componente de precio del mercado diario e intradiario de tal forma que la nueva fórmula de fijación del PVPC pueda empezar a aplicarse a principios de 2023.
El descuento se irá reduciendo conforme avance el año ya aumentará el tope mínimo del gas
El Ministerio de Transición Ecológica tendrá que presentar el próximo octubre una propuesta a Bruselas para el próximo año, un ejercicio en el que las grandes eléctricas ya se han adelantado a asegurar que tenían prácticamente vendida toda su producción.
La intención del Ministerio es que el PVPC tenga una mayor relación con contratos a largo plazo con el llamado Recore (renovables y cogeneración) para lo que necesita del orden de 27 TWh en un plazo de tres años.
El Ministerio de Transición Ecológica realizó el año pasado una consulta pública para estudiar la modificación del PVPC pero posteriormente aparcó esta opción para impulsar el tope al gas y ahora se ve forzado a retomar este camino. En esta misma línea, el Ejecutivo ya aprobó la celebración de subastas de energía primaria en las que quería obligar a las grandes eléctrica a sacar al mercado una cantidad de energía que nunca se llevó a cabo. El resultado de dicha subasta se esperaba que supusiera cerca del 10% del futuro PVPC.
Otro elemento que incorpora este paquete es el uso de las llamadas rentas de congestión entre España y Francia
Transición Ecológica además ha fijado un mecanismo variable muy alejado de los 30 euros/ MWh que planteó en un primer momento a la Comisión y dicho tipo comenzará con un valor de 40 euros/ MWh que se irá incrementando hasta alcanzar un máximo de 70 euros el último mes de aplicación de esta medida. La repercusión además no se ha hecho esperar y en los mercados de futuros, el precio de la electricidad ya subía ya ayer hasta un 6% para el segundo trimestre de 2023 en el que durará este medida por el incremento previsto del precio del gas en dicho momento.
Otro elemento que incorpora este paquete es el uso de las llamadas rentas de congestión entre España y Francia para minorar el coste del ajuste, ya que traerá una importante reducción del precio de casación marginal en la zona española como en la portuguesa y provocará un incremento del flujo exportador. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica indicaron que se espera un incremento de las exportación.