El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores, con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, coincidiendo con un nuevo récord en el precio de la luz en el mercado mayorista para mañana de 360 euros el megavatio hora (MWh).
En concreto, se prorrogan hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo.
La cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, que comprende descuentos de hasta el 60% y el 70% en su consumo de electricidad, también se mantendrá hasta el 30 de abril de 2022.
El Gobierno también ha aprobado una medida adicional a todas estas rebajas destinada en exclusiva a los consumidores industriales de gas, introduciendo medidas de flexibilización para que puedan cambiar su tarifa o suspender sus contratos, también hasta el 31 de marzo de 2022.
La suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá hasta el 31 de marzo
Estas, junto con el resto de medidas aprobadas en materia energética, generarán un impacto sobre las cuentas públicas de 2.000 millones de euros, según informó la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
"Se prorrogan las medidas fiscales que ya se ampliaron en el último trimestre dado que las perspectivas del mercado mayorista no son halagüeñas, anunciando un nuevo récord para mañana. Es fundamental mantener la supresión de estas figuras impositivas para que esta coyuntura no acabe reflejándose en las facturas que pagan los consumidores", ha señalado Rodríguez.
Puntos de recarga y autoconsumo
El Consejo de Ministros de este martes, también en el marco del mismo decreto ley que prorroga el escudo social para limitar los altos precios de la luz, ha aprobado otras medidas encaminadas a impulsar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el autoconsumo de energía y las renovables.
Así, la ministra Ribera ha trasladado el compromiso del Gobierno de contar en España con 100.000 puntos de recarga antes de 2023, para lo que hará obligatoria la instalación de esta infraestructura en estaciones de servicio y edificios no residenciales, como los centros comerciales, estos últimos con una proporción de un punto de recarga por cada 40 plazas.
Para asegurar su cumplimiento, el Gobierno ha actualizado el régimen sancionador para los que no instalen esos puntos de recarga. Asimismo, ha habilitado a los ayuntamientos para realizar descuentos en el 50% del IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas o del 90% en las tasas por obras para la instalación de puntos de recarga.
Respecto al autoconsumo, que Ribera ha asegurado que se ha multiplicado por 2,5 veces desde la llegada de su Gobierno en 2018, se eximirá de presentar avales y garantías a las pequeñas instalaciones, con el objetivo de facilitar el autoconsumo colectivo.
Se devolverán 1.900 millones a las eléctricas
El Ministerio de Hacienda ha dispuesto un crédito de 1.900 millones de euros con cargo al fondo de contingencia para hacer frente a una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el canon hidráulico que aprobó el anterior Gobierno del PP, obligando al Ejecutivo a restituir a las eléctricas todo lo cobrado por ese concepto.
A principios de año, el Tribunal Supremo anuló la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
El Tribunal falló sobre varios recursos contencioso-administrativos presentados por Acciona o Endesa, estimando en parte las demandas contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
En concreto, el canon por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica que el Ejecutivo del PP impuso ascendía inicialmente al 22%, aunque fue elevado posteriormente al 25,5%.
Este canon se sumó a los tributos creados en el marco de la reforma eléctrica abordada por el anterior Gobierno, en la que también figuraba el impuesto del 7% a la generación, y cuya recaudación tenía por fin hacer frente al déficit sistema eléctrico.
Este es precisamente el impuesto que se ha suspendido este año para limitar el impacto del incremento de los precios de la electricidad sobre las empresas, en este caso hasta el próximo 31 de marzo de 2022, aunque en ningún caso se elimina.
La devolución de los 1.900 millones de euros por el pago del canon hidráulico no afectará a la factura eléctrica de los consumidores, ya que corresponderá al Tesoro Público, de quien depende las confederaciones de la cuencas hidrográficas, por lo que sí afectará a las cuentas públicas y al déficit.
