El consejo de administración de Repsol ha mantenido hoy una reunión monográfica para analizar la situación de la petrolera tras la citación como imputado del presidente, Antonio Brufau, y del secretario del consejo, Luis Suárez de Lezo, en el caso Villarejo. El máximo órgano de control de la compañía ha confirmado que "no existe conducta ilícita alguna o contraria al Código de Ética y Conducta por parte de ningún consejero, directivo o empleado de la compañía actuales o pasados, en relación con dicha contratación de servicios de información", tal y como adelantó ayer elEconomista.
La decisión de la compañía se basa en el informe forense que encargó la Comisión de Ética al Chief Compliance Officer de la compañía, Enrique Hernández, y a KPMG en la que se demuestra que las contrataciones se realizaron de forma legal.
Ante del consejo de administración, se han producido durante el día tres reuniones previas para analizar la situación tanto de la Comisión de Ética, como de la Comisión de Nombramientos y la Comisión de Consejeros independientes y en las tres se ha alcanzado la misma decisión que, posteriormente, ha ratificado el consejo.
El máximo órgano de decisión de la compañía reitera públicamente su firme respaldo, como miembros de este órgano, al Presidente y al Consejero Secretario "por su impecable actuación profesional y su total confianza en su plena honorabilidad personal, y el compromiso de la Compañía a colaborar plenamente con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos".
La decisión de Repsol se produce además justo antes de la celebración de la Junta de accionistas de Telefónica donde también se tendrá que evaluar el papel de su vicepresidente y presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.
Brufau, Fainé y Suárez de Lezo declararán el próximo 29 de abril en la Audiencia Nacional para dar las explicaciones pertinentes sobre este caso.
