Empresas y finanzas

El forensic de Repsol concluye que "no hay evidencias de conductas ilegales"

  • Afirma que no se encontraron impedimentos legales para contratar a Cenyt
El comisario Villarejo. Foto: Archivo.

Repsol prepara su artillería legal para defender que la contratación de Cenyt, la empresa del comisario Villarejo, se realizó de acuerdo a la normativa vigente y los procedimientos internos de la compañía.

La Comisión de Ética y Cumplimiento de la petrolera encargó en septiembre de 2019 un informe a su chief compliance officer, Enrique Hernández, y KPMG para que analizara la regularidad de la contratación de la agencia de investigación Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt).

En dicho informe confidencial, a cuyo contenido ha tenido acceso elEconomista, se asegura que "no se han encontrado indicios ni evidencias objetivas de que los servicios encargados a Cenyt conllevaron o pudieron conllevar la utilización de técnicas, procedimientos o instrumentos que podrían haber violado los derechos o libertades fundamentales de terceros o ser constitutivos de conductas ilegales".

Conclusiones del informe

En sus conclusiones, presentadas en diciembre de 2019, el equipo encargado de su elaboración va incluso más allá y despeja la existencia de un presunto delito de cohecho, ya que "no se han encontrado datos objetivos que evidencien que cuando Repsol contrató, a través de la Dirección de Seguridad Corporativa, con la empresa Cenyt se conociera en la compañía que pudieran existir impedimentos legales o administrativos para tal contratación, derivados de comportamientos de JMV -José Manuel Villarejo- o de la situación profesional o administrativa de este".

De hecho, el informe recoge que la compañía contrató a la empresa -y no personalmente a Villarejo-, que la sociedad contaba con las habilitaciones necesarias para prestar el servicio, así como unas oficinas en el complejo empresarial de Torre Picasso y un reconocimiento en el sector por haber sido contratada por otras empresas del Ibex que no hicieron saltar las alarmas en el proceso de contratación y que en los trabajos encargados no se interfería con actividades o actos propios de un cargo público o que implicaran el ejercicio de autoridad.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dictó un auto el pasado 14 de abril en el que decidió citar a declarar como investigados el próximo 29 de abril al presidente de la petrolera, Antonio Brufau, así como al presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, por una frase contenida en este mismo documento en la que se lanza la hipótesis de una posible reunión entre Brufau y Fainé para dicha contratación.

En el mismo forensic, no obstante, se enumeran las personas que tuvieron relación con el proceso de contratación en las diversas áreas de la petrolera y entre las mismas no figura el presidente.

Asimismo, el análisis asegura que únicamente ha localizado dos contrataciones en 2011 y posteriormente una muy puntual en 2014 y que no "se ha percibido ni evidenciado de modo objetivo en ningún momento que, por parte de la entonces Dirección de Seguridad Corporativa ni en otra área de Repsol, existiera voluntad alguna de ocultar las citadas contrataciones, o de eludir o limitar su conocimiento más allá del deber de preservar la confidencialidad o reserva que, por su naturaleza, tienen las investigaciones corporativas".

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