El Ministerio de Transición Ecológica acaba de realizar una de las mayores jugadas de ajedrez eléctrico que se recuerdan. La vicepresidenta Teresa Ribera ha puesto negro sobre blanco los principios del "céntimo verde" con su Ley para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y de paso se ahorra tener que subir la parte fija del recibo entre un 10 y un 15% para cuadrar los desajustes en las cuentas.
Básicamente, en lo que consiste la nueva propuesta de Ley, es en trasladar los 7.000 millones de euros de coste de las renovables, cogeneración y residuos a un pago al que también aporten otras tecnologías (carburantes, gas) para recaudar el mismo dinero y cubrir ese importe con otras fuentes de ingresos. De este modo, se cuadran las cuentas del sector eléctrico y se bajará el recibo de la luz en un plazo de 5 años.
El descenso de la demanda debido al covid, a la eficiencia energética y a un escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables y la salida del carbón generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico. Es decir, las señales del sistema actual resultaban incoherentes con los objetivos de transición energética y con lograr las mejores condiciones para los consumidores eléctricos.
El céntimo verde nació allá por 2010 en el seno de Endesa. Fernando Ferrando, responsable por aquella época de la Asociación Empresarial Eólica, fue el principal impulsor de la medida. La intención entonces era lograr el consenso entre las compañías tradicionales y las renovables para lograr que otro tipo de tecnologías también participarán en la financiación de las energías verdes.
En un primer momento, cuando elEconomista desveló la existencia de esta propuesta, se afeaba la comparación con el céntimo sanitario por el rechazo que podía generar en los consumidores. Hoy, casi diez años después, esa reticencia está vencida en el interés de avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Otro de los grandes defensores de esta propuesta fue el presidente de Appa en aquella época y hoy de Gesternova, José María González Vélez.
Con buen tino, ambos acertaron a ver la necesidad de que fuesen todos los consumidores de energía -en cualquiera de sus formas- los que asumieran el coste del proceso de descarbonización. Es decir, los sectores que podían -y que pueden- realizar estas contribuciones lo aceleraban en detrimento de aquellos que no disponían de la tecnología necesaria para lograrlo.
La medida contribuirá sin duda a la electrificación de la economía pero también supondrá un incentivo para el cambio de energía por parte de los consumidores.
Como en toda normativa, el secreto estará en los detalles. El ministerio, de hecho, ya anuncia que existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema pero lo que parece evidente es que serán los carburantes para los consumidores domésticos los que se llevarán la peor parte y se generarán exenciones para los sectores de uso intensivo de los hidrocarburos.