Aelec, la patronal que aglutina a las principales compañías eléctricas españolas, ha reclamado al Gobierno que dé un paso adelante en la liberalización del sector y que resuelva algunos de los problemas que viene arrastrando este negocio durante los últimos años.
La asociación, que reúne a Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo, ha exigido a la vicepresidenta Teresa Ribera que reduzca la potencia que se puede contratar desde el máximo actual de los 10 kW hasta los 5 kW y que sólo lo puedan hacer las personas físicas. De este modo, las pequeñas y medianas empresas tendrían que ir obligatoriamente al mercado liberalizado, que hoy por hoy, mantiene unos precios más elevados que el regulado. Así como prácticamente todos aquellos consumidores que residan en una vivienda unifamiliar o dispongan de sistemas de calefacción eléctrica.
En las alegaciones presentadas al Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema, las eléctricas hacen varias observaciones sobre la necesidad de revisar y actualizar los costes de comercialización. En concreto, se reclama incorporar el coste de financiación del bono social y los costes del canal presencial de atención a clientes en el margen comercial del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), además de la necesidad de abordar urgentemente la revisión de los costes de comercialización reconocidos a las comercializadoras de referencia para el periodo 2019-2021.
De hecho, las empresas consideran que para cumplir el escenario de equilibrio tarifario con la cuantía de cargos a financiar por los consumidores, es imprescindible aprobar los desarrollos normativos que aseguren los ingresos adicionales previstos en el ejercicio de entrada en vigor de los cargos y cubrir los eventuales desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema por el efecto de la crisis COVID, garantizando el equilibrio financiero del sistema eléctrico en el ejercicio en el que entren en vigor los cargos.
Actualización de contadores
Además de estos cambios regulatorios, la nueva regulación propuesta supondrá cambios cercanos para todos los clientes ya que exigirá la reprogramación de la totalidad del parque de contadores para adaptarlos a la nueva estructura de peajes y cargos así como a los nuevos periodos horarios.
Según la experiencia de anteriores cambios de periodos puede llevar a que a una parte del parque de equipos de medida no se pueda actualizar en el plazo previsto o a otras situaciones en las que no puedan aplicarse los nuevos periodos desde el primer momento de entrada en vigor de estos nuevos peajes y cargos.
La mayor parte de estas incidencias serán transitorias pero se propone la utilización de unos coeficientes que permitan realizar el reparto de las lecturas obtenidas de equipos de medida de acuerdo a los nuevos periodos horarios, del mismo modo que se ha previsto en otras ocasiones en las que se han producido cambios relevantes de la estructura y en particular de la discriminación horaria, como fue el caso del establecimiento de la tarifa nocturna. Dichos coeficientes podrían ser de aplicación a los puntos de suministros (contadores no sustituidos, contadores sin curva horaria y/o contadores cuya programación no haya sido posible con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de los nuevos peajes y/o fallos de programación de los contadores) en los que no haya sido posible realizar las adaptaciones necesarias a la estructura de los nuevos peajes y cargos. Los valores de los coeficientes y su procedimiento de aplicación serían los que resulten publicados en la resolución de precios de los peajes.
Nuevas facturas
Por otro lado, la medida afectará también a la factura eléctrica que es una importante herramienta de comunicación entre comercializadoras y clientes. Las eléctricas creen que el modelo no debería regularse en el mercado libre, bastaría con definir el contenido mínimo que debe figurar en la misma, tal y como recomienda la Directiva Europea.
No obstante, para asegurar que las comercializadoras tengan tiempo para incorporar los cambios que finalmente se determinen es necesario que la resolución prevista se publique con antelación suficiente para poder adaptar los envíos.
Finalmente, las eléctricas plantean un cambio sobre la financiación de la cogeneración de alta eficiencia. Las compañías creen que el Fondo de Eficiencia Energética puede hacerse cargo de estas cantidades, lo que permitiría reducir los cargos de la tarifa en algo más de 900 millones de euros. Esta reducción de los cargos beneficiaría la electrificación de la demanda, reduciría la carga soportada por todos los consumidores.
