Habilita al IVF para condonaciones y el banco público se estrena con la de 'Mediterráneo'
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, votó a favor en el pleno de su Gobierno para permitir al banco público de la autonomía acometer 'quitas', y la primera de ellas -y de momento la única- ha sido en el pasivo de Pecsa, la mercantil propietaria de El Periódico Mediterráneo, donde el propio dirigente tiene un 1,16 por ciento de participación. Este es el rocambolesco conflicto de intereses en el que se halla inmerso el dirigente valenciano, cuya administración ha condonado el 70 por ciento de lo que adeudaba la firma en el marco del traspaso de la misma a Prensa Ibérica, que ha comprado todo el Grupo Zeta, incluido Mediterráneo.
El enredo mediático en el que se encuentra el presidente autonómico proviene de su decisión en 2015 de compaginar su responsabilidad política con la condición de accionista minoritario de Mediterráneo, el periódico más importante de Castellón. En concreto, Puig conservó una participación de 210 títulos y 177.886,8 euros de valor contable, el equivalente al 1,16 por ciento de la cabecera, según su declaración de bienes. El accionista mayoritario era Grupo Zeta con el 85 por ciento.
Tal panorama no debió incomodar al presidente, que permaneció con naturalidad a ambos lados de la ecuación comercial de Mediterráneo. Tanto es así que la Generalitat ha contratado publicidad en el medio por casi 640.000 euros desde que es presidente (entre los años 2016 y 2018), y que el grueso de este importe ha salido de la propia Consejería de Presidencia (más de 430.000, teniendo en cuenta solo 2017 y 2018). Todo mientras, como accionista, el propio Puig se ha embolsado 12.280 euros en dividendos (6.400 euros en 2016 y 5.880 euros en 2017, según las cuentas de Pecsa).
Pero, por si fuera poco este conflicto de intereses, en el presente 2019 se agravó sobremanera la situación con la compra de Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica. Esta operación fue posible gracias a una importante 'quita' bancaria, en la que el grueso de las entidades financieras, entre las que se encontraban Banco Santander, CaixaBank y Banco Sabadell, accedieron a condonar el 70 por ciento de los 99,2 millones que adeudaba el grupo de la familia Asensio.
La renuncia del IVF
El IVF, en la misma línea, renunció a cobrar los mencionados 1,3 millones de los 1,8 millones que se le debían. El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, explicaba la semana pasada que procedió del modo menos gravoso para las arcas valencianas, puesto que la liquidación de Zeta habría privado al banco público de recuperar cantidad alguna, tal y como le aconsejaba Deloitte. No obstante, el proceder de la administración valenciana para facilitar esta condonación deja lugar para la suspicacia.
Según reconoció el propio Illueca, el IVF fue autorizado por el Gobierno Valenciano para realizar 'quitas' tan solo días antes de que se produjera la misma, con la aprobación de un Decreto, a mediados de marzo de 2019, con el voto a favor del propio Ximo Puig. Y no solo eso: el director general también detalló que la 'quita' había sido pactada previamente. Se trata, por tanto, de la primera y de momento única 'quita' realizada por el banco público valenciano, practicada precisamente con el crédito de una empresa participada por el presidente valenciano.
Preguntado sobre si conocía que Puig era accionista de esta empresa, Illueca negó la mayor, circunstancia que causó sorpresa por tratarse de una información de dominio público en la Comunitat . Sí reconoció, por contra, que el presidente le había preguntado por cómo iba esta operación.
Enmienda para accionistas
El conflicto de intereses de Puig con Prensa Ibérica ha sacudido el arranque de legislatura, ya que, muy por encima de las cifras individuales de Mediterráneo, el conjunto de cabeceras con el que ahora cuenta Prensa Ibérica -en el que Puig queda integrado como socio en Castellón- ha recibido 3,3 millones en publicidad esta legislatura.
La oposición pide que explique lo ocurrido en Les Corts Valencianes. Este lunes, sin ir más lejos, el PP afirmaba que el PSPV enmendó el régimen de incompatibilidades de la Comunitat, en el que Compromís quería imponer que los altos dirigentes tuvieran menos de un 0,5 por ciento en acciones de empresas con contratos con la Generalitat. La enmienda de los socialistas elevó este porcentaje hasta el 10 por ciento, según los populares.
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