La Junta Única de Resolución (JUR) europea, encargada de ordenar la resolución del Banco Popular en junio de 2017, ha postergado hasta otoño su decisión de si debe o no compensar a los accionistas e bonistas de la entidad que perdieron su inversión con la intervención del banco.
El organismo encabezado por Elke König ya anunció el pasado verano su decisión provisional de no compensar a los afectados, basándose en un informe elaborado por Deloitte que señala que una liquidación del banco hubiera conllevado unas pérdidas aún mayores para los inversores. No obstante, la JUR aseguró que era una decisión provisional y abrió un proceso para recibir los argumentos de los afectados al respecto.
El organismo comunicó a inicios de este mes que, en la actualidad, se encuentra en fase de evaluación de los comentarios recibidos por los antiguos accionistas y bonistas del banco.
El informe de Deloitte concluyó que la liquidación del Popular habría triplicado las pérdidas a un máximo de 34.100 millones. Los 300.005 afectados por la intervención perdieron 11.400 millones con el sistema de absorción de pérdidas (bail-in) que marca la regulación europea.
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