La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) amenaza las inversiones en nuevas renovables que las eléctricas piensan acometer aprovechando la capacidad de las redes que se libere tras los cierres de sus centrales nucleares y de carbón.
El Gobierno quiere que las empresas mantengan sus derechos de acceso a cambio de conectar instalaciones verdes y generar desarrollo territorial y empleo, pero el Regulador defiende que estos derechos se subasten, dejando en el aire los proyectos limpios de las empresas, que superan los 10.000 millones de euros hasta 2030.
De acuerdo con el Plan de Energía y Clima del Gobierno, durante la próxima década deberían cerrar las centrales de carbón -nueve en 2020- y cuatro grupos nucleares -los dos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes-, liberando unos 15.000 MW de capacidad de las redes, un tesoro, dada la actual avalancha de peticiones de acceso y conexión, que supera los 150.000 MW.
El Ministerio para la Transición Ecológica, en el anteproyecto de Ley de cambio climático y transición energética -cuya tramitación se paralizó con las Elecciones-, plantea la posibilidad de que los titulares de esas centrales, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo, mantengan su capacidad de acceso, siempre que la usen para desarrollar renovables y firmen un Convenio de transición justa que genere desarrollo territorial y empleo en sus alrededores.
Mantener los derechos de acceso
De acuerdo con este planteamiento, las empresas cuentan con mantener los derechos de acceso y conexión de sus centrales para crecer en renovables durante la próxima década. Aunque aún tienen que definir la mayoría de estos proyectos, invertirán más de 10.000 millones.
Endesa ya ha anunciado unos 800 millones para una planta solar de 1.000 MW con la capacidad de la central de Andorra (Teruel) y otros 240 millones para otra central solar de 300 MW con el acceso de la central de Compostilla (León). Y Naturgy ha anunciado una inversión de 80 millones para un parque eólico de 65 MW y un centro tecnológico de gas renovable gracias al acceso de Meirama (La Coruña).
Iberdrola no ha anunciado nada concreto, pero el presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha indicado públicamente que cuenta con la capacidad que liberen sus centrales. EDP y Viesgo tampoco se han pronunciado sobre la materia, aunque la portuguesa no descarta reconvertir sus centrales de carbón para que sigan operando, consumiendo gas, biomasa o residuos.
Sin embargo, la CNMC, en su propuesta de Circular para regular el acceso y la conexión a la red, publicada la semana pasada, defiende que si las plantas cierran, deben subastarse sus permisos de acceso y conexión, echando un jarro de agua fría sobre las expectativas de las eléctricas y poniendo sus proyectos en el aire.
Primer choque energético del Gobierno y la CNMC
El planteamiento de la CNMC -en el que han primado los principios de competencia- además de sorprender a las eléctricas, ha levantado gran malestar en el Ministerio, según apuntan varias fuentes, porque ve tambalearse uno de los pilares de su Estrategia de transición justa y una forma rápida de calmar unas regiones que sufrirán perjuicio económico a corto plazo.
Por eso el sector eléctrico espera una reacción de la Cartera de Teresa Ribera en su primer conflicto con el organismo presidido por José María Marín Quemada a cuenta de las recientemente traspasadas competencias en materia energética.
La CNMC y el Ministerio discutirán sus discrepancias en una Comisión de Cooperación de nuevo cuño aún por estrenar. El Regulador no tiene por qué obedecer al Gobierno; puede publicar sus nuevas Circulares indicando que se adoptan de acuerdo con las orientaciones políticas del Ministerio o, simplemente, que le ha oído, pero aún no está claro el rango legal de las Circulares, ni su encaje en el ordenamiento jurídico.
Además, se da la circunstancia de que el Ministerio trabaja en un nuevo decreto de acceso y conexión y en el sector no está claro hasta qué punto está coordinándose su contenido con la CNMC. De momento, el regulador ya ha apuntado que rechaza la creación de la figura del coordinador de nudo que el Ministerio defendía en un primer borrador que tiene varios meses.
Subastar el acceso frenará el crecimiento de las renovables
Por otro lado, la propuesta de la CNMC ha levantado mucha confusión en el sector, porque se aplicará en muchos casos, no sólo en el cierre de centrales, y no está claro cómo.
Las pujas se celebrarán en aquellos nudos que experimenten un aumento de capacidad por el cierre de plantas con una potencia superior a los 200 MW, con independencia de su tecnología, pero también en los casos en los que se apliquen los nuevos criterios de acceso que recoge la propia Circular.
La aplicación de estos criterios de acceso comienzan con un estudio específico de la potencia máxima en dicho nudo que, en la práctica, otorga potestad a REE para decidir qué tecnologías y cuánta potencia puede conectarse, ya que podrá, incluso, saltarse los límites de seguridad establecidos bajo determinados supuestos.
Adicionalmente, las pujas encarecerán los proyectos y, en mayor o menor grado, el recibo de los consumidores, cuando los generadores repercutan estos costes en el precio de la energía.
Además, las subastas, en el caso del acceso de las centrales que cierren, frenará la reactivación económica de los territorios en que se ubiquen, al paralizar la firma de los convenios de transición justa hasta que se resuelvan.
Y, finalmente, las pujas por la capacidad frenarán la implantación de nueva potencia renovable y el cumplimiento de los objetivos de 2030, porque sin garantizarse el acceso, los promotores no se presentarán a las subastas para nuevos proyectos que prevé lanzar el Gobierno.
