Representa a un sector heterogéneo que facturó 7.800 millones de euros en 2018, un 4,5 por ciento más que el año anterior, exportó por valor de 3.500 millones y genera 25.500 empleos directos. En esta entrevista, Margarita Alfonsel tiende la mano a las nuevas administraciones para resolver el déficit tecnológico de la sanidad pública española que las donaciones de la Fundación Amancio Ortega han puesto en evidencia, una colaboración que necesariamente pasa por una mayor planificación e inversión pública, según reclama.
¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa la tecnología sanitaria en España?
Es un momento tremendamente interesante y destacaría dos aspectos. Por un lado, la irrupción de innovaciones tecnológicas de altísimo valor, como robótica, impresión 3D, Big Data o inteligencia artificial, que ofrecen un alto protagonismo al sector dentro del sistema sanitario porque la evolución tecnológica está aportando muchas soluciones que hacen que el sistema avance. Pero, por otro, sí tenemos muchas dificultades: una financiación insuficiente ligada al problema de obsolescencia tecnológica, estamos además en puertas de un cambio regulatorio para 2020-2022 donde pasaremos a una legislación europea que es una evolución y que permitirá introducir elementos de mayor seguridad para los pacientes. Estamos además trabajando en un proyecto de medición de resultados, de compra basada en valor.
¿Qué subsectores están impulsando más el crecimiento del sector?
En 2018 crecimos un 4,5 por ciento respecto al año anterior. Es un crecimiento significativo. Pero si hablamos de los distintos subsectores de actividad de nuestro ámbito, la imagen médica y la radioterapia son los que más han avanzado. Aquí quizás han colaborado de forma muy positiva las donaciones de la Fundación Amancio Ortega porque han sido finalistas para renovar nuevos equipamientos. Otros ámbitos como cardiovascular, dental o los productos incluidos en la prestación farmacéutica de dispensación en farmacia también han tenido una gran evolución. Subsectores como traumatología o terapias respiratorias domiciliarias han tenido un crecimiento sobre el 2 por ciento, mientras que el ámbito de oftalmología, que no ha llegado a ese nivel, y nefrología y diagnóstico in vitro serían los que menos han crecido. Este incremento global como sector no esconde, sin embargo, el estancamiento de la facturación registrado durante muchos años, aunque ahora estemos tomando otra senda.
¿Qué lectura hace de la reciente polémica sobre la donación de Amancio Ortega? ¿Cree que ha servido, por lo menos, para que la sociedad española tenga más conciencia del déficit tecnológico que arrastra la Sanidad?
Hemos reconocido de forma especial la donación de la Fundación porque ha venido a paliar una situación de deterioro de determinado equipamiento. La polémica, la verdad, no la entiendo. Lo importante es que el sistema sanitario se beneficie del altruismo de determinadas instituciones que puedan hacer donaciones para que podamos estar en una situación de normalidad. Como bien dice, también ha servido para que la sociedad sea más consciente de esta situación que tenemos de obsolescencia tecnológica.
El Gobierno prevé mantener el peso del gasto sanitario público en el 6% del PIB hasta 2022.¿Supone un jarro de agua fría a las aspiraciones del sector de mayor inversión pública?
No es una buena noticia para nosotros. Ya hablábamos del déficit de financiación que tiene la sanidad, si le sumamos el nivel de obsolescencia elevado con una necesidad de una dotación presupuestaria de 1.400 millones de euros que hemos planteado a cuatro años, la verdad es que no es una buena noticia. Somos constructivos y tenemos que pensar que hay que seguir trabajando para que las administraciones sean conscientes de estas deficiencias y subsanarlas. Como decía el exconsejero Boi Ruiz no hacen falta más diagnósticos sobre el sistema de salud, sino aplicar los tratamientos. Somos conscientes de que tenemos un protagonismo para poder colaborar con las administraciones. Creo que deberían abrir foros de participación con todos los agentes del sistema porque, si estamos todos comprometidos y podemos aportar nuestro conocimiento y experiencia y compartirlo, seguramente sacaríamos conclusiones de alto valor.
Acaba de reunirse con el consejero andaluz. ¿Cómo fue el encuentro?
Tuvimos un encuentro muy positivo. Aparte del contacto institucional donde pudimos plantear la financiación, la compra por valor, medición de resultados, planificación, también hablamos de la obsolescencia y creo que las comunidades son plenamente conscientes de renovar el parque tecnológico no solo porque puede haber problemas de seguridad hacia los pacientes y profesionales, sino porque además un equipamiento obsoleto aporta diagnósticos menos certeros y tratamientos menos precisos.
¿Con algún compromiso concreto?
Sí, alcanzamos un compromiso de continuar trabajando en los aspectos de la obsolescencia tecnológica y las compras públicas, así como en establecer una estrategia real de crónicos porque es lo que más nos puede preocupar ahora mismo en un modelo donde el envejecimiento y la cronicidad son las dos claves. Aunque no alcanzamos compromisos ciertos de inversión, sí está en marcha un concurso público para adquirir 65 TAC. También conocen qué provincias están más infradotadas y tienen un mapa para aplicar un plan.
¿Y por parte del Ministerio de Sanidad?
En la visita que tuvimos con la ministra Carcedo hace unos meses también demostró su receptividad. Creo que es un tema que ha calado. Yo lo asimilo mucho al tema de los pagos, hablamos mucho hasta que hubo conciencia real y se puso el plan de pagos a proveedores y el FLA. Hemos aportado información rigurosa y, al final, hay conciencia del déficit tecnológico y es uno de los temas prioritarios que quieren acometer, según conversaciones que hemos tenido con personas vinculadas al Partido Socialista. Sí existe un compromiso, todavía no una realidad, pero sí un compromiso.
¿Dónde diría que están los pacientes accediendo a los mejores diagnósticos y terapias disponibles? ¿En la sanidad pública o privada?
No es fácil de contestar. La crisis se llevó por delante el capítulo de inversiones de las comunidades autónomas. Las inversiones que se hicieron en el ámbito público no han sido todas las necesarias. En ese momento, los grupos privados han estado haciendo muchos esfuerzos para dotarse tecnológicamente y ofrecer estos recursos a la sanidad pública. Soy una firme convencida de que el sistema sanitario es uno y que tiene que existir la colaboración público-privada porque hay que aprovechar las sinergias y porque es en beneficio del paciente.
¿No se ha recuperado entonces el nivel de inversión del capítulo VI previo a la crisis?
Todavía tenemos que recuperar los niveles de inversión. Estamos además en un momento de desarrollo tecnológico tremendo, por lo tanto, lo primero hay que tener datos para tomar decisiones y, a partir de ahí, hacer una planificación estratégica. Es posible que no todas las tecnologías puedan estar en todos los lugares, hay que hacer un mapa tecnológico y racionalizar la implantación y uso de tecnologías, pero es verdad que necesita una revisión muy profunda.
¿Qué balance hace de la aplicación hasta ahora de la nueva Ley de Contratos del Sector Público?
La Ley fue compleja en su elaboración y desarrollo. Tuvimos mucha interlocución con los partidos políticos pero no tuvimos su sensibilidad para que la ley recogiese una especificidad de la sanidad. Una vez aprobada, consideramos que es una oportunidad porque introduce elementos de transparencia o potencia la calidad y la innovación.
Pero ¿está dinamizando y contribuyendo a la eficiencia y transparencia de las compras o todo lo contrario?
En el fondo todos los cambios legislativos llevan un cambio de cultura y dinámicas. Es verdad que todavía no se puede hacer un balance realista de lo que ha aportado la nueva ley. Una de las cosas que estamos haciendo es acercarnos todavía más a los órganos de contratación de todas las comunidades autónomas para ofrecerles nuestro apoyo porque el conocimiento y experiencia del sector a lo largo de los años aportan un valor añadido.
¿Qué comunidad destacaría como la que mejor está aplicando la compra innovadora?
Hay varias comunidades, pero quizás Galicia es un ejemplo de región que ha explorado nuevas modalidades de compra que han sido muy bien recibidas por el sector. En cuanto a las comunidades que hayan implementado los criterios de compra por valor o la medición por resultados, que exigen más tiempo, hay ejemplos como Cataluña y Madrid.
¿Qué consecuencias puede tener que Sanidad no haya pedido todavía la redesignación inmediata del Organismo Notificado?
Estamos en un cambio legislativo. Hasta ahora nos hemos regido por unas directivas comunitarias y así hemos funcionado. Ahora vienen los reglamentos que han sido aprobados y entran en vigor en mayo de 2020, el de Medical Devices, y en 2022, el de Diagnóstico In Vitro.
¿Cuál es la situación?
Llevamos cuatro años demandando que el organismo notificado español hoy para las directivas sea redesignado para los reglamentos porque los fabricantes españoles o las multinacionales con plantas en España tendrían una oportunidad más próxima, trabajar en tu idioma, hacer las auditorías con una dinámica diferente. Por otro lado, ese organismo notificado va a generar recursos para las arcas del Estado porque se cobran tasas por certificar los productos. Tenemos una interlocución excelente con la AEMPS, pero lo que queremos son resultados. Estamos a un año vista y los fabricantes se tienen que organizar. Si no hay una redesignación del organismo notificado ya, las empresas no pueden esperar.
¿Está afectando esta situación ya al sector?
Las empresas no pueden esperar al año 2020 y ahora mismo estamos perdiendo oportunidades porque las empresas están haciendo una planificación. Y lo que no podemos hacer es quedarnos sin productos en el mercado. Es verdad que España no es el único país en esta situación pero se están perdiendo oportunidades.
¿Existe preocupación por el repunte de la deuda y los plazos de pago?
Nos seguimos ocupando del tema pero no estamos preocupados. Ahora estamos en 770 millones de euros de facturas pendientes de pago y una media de 70 días, eso supone que hay comunidades que están en 40 días, con lo cual no se cumple la ley, pero estamos en una situación que podemos considerar razonable. No vamos a bajar la guardia, pero es un tema que está bastante controlado. Gracias al plan de pagos a proveedores se aportaron más de 5.000 millones de euros en 2012 y 2014 a las empresas de Fenin.
¿Cómo está influyendo la tensión política que vive Cataluña en la marcha del sector? ¿Cuál es su balance empresarial?
Tenemos un porcentaje muy elevado en el territorio de Cataluña y cuando hay inestabilidad e incertidumbre las empresas sufren. Pero realmente están trabajando con mucha normalidad. Hay empresas que han salido, no las tenemos cuantificadas, porque tomaron decisiones estratégicas quizás en el momento más álgido. Pero, a pesar de eso, estamos trabajando con total normalidad. Quizás tenemos menos interlocución con los altos niveles de responsabilidad de la administración, que siempre ha sido un punto de referencia con la que hemos tenido cercanía y entendimiento, quizás hay más distancia pero estoy segura que lo vamos a recuperar.
¿Qué objetivos se han marcado en su proceso de internacionalización y en su política de atraer tejido industrial a España?
Llevamos 25 años con un departamento que trabaja en esta dirección. Muchos fabricantes españoles, en el momento de la crisis, iniciaron el camino de la internacionalización y fue la salvación para muchas empresas porque encontraron mercados muy receptivos, con productos muy competitivos en calidad y precio, y es una satisfacción ver cómo ese proyecto ha prosperado y tenemos unas cifras de 3.700 millones de exportaciones y estamos ya en 70 países. Coordinamos la presencia en ferias, misiones comerciales, de todo el colectivo asociado de empresas fabricantes. Nuestro objetivo es ahora diversificar a otros mercados, como África. Tenemos mucha presencia en la Unión Europea, en Asia, pero a lo mejor hay que buscar nuevos países. Tiene que haber ayudas. Las empresas más maduras quizás no necesitan tanto porque tienen esa cultura exportadora para iniciar ese camino.
¿Qué pediría a los responsables de los nuevos gobiernos autonómicos y de los distintos departamentos ministeriales?
En primer lugar, un sistema eficiente y de calidad, una financiación adecuada a las necesidades y una planificación estratégica con el liderazgo de Sanidad. También una atención especial a los crónicos, una fijación especial en prevención porque así evitas que un problema de salud vaya a más y, en términos económicos, estás impidiendo que una patología incipiente que puede tener un coste de abordaje no vaya a una situación más desarrollada. Consideramos además que los profesionales sanitarios tengan su propio protagonismo porque en nuestro sector son los verdaderos usuarios en primera instancia. Tiene que haber políticas de impulso a la investigación y que nos ayuden a atraer tejido industria a nuestro país, medición de resultados en salud y compra por valor, colaboración público privada o acometer la digitalización e interoperabilidad donde las iniciativas han sido por comunidades y no hay bases comunes.
Por último, ¿qué balance hace del nuevo código ético y de autorregulación que se puso en marcha en 2018?
Fue un cambio cultural que siempre es una dificultad pero hay que tener en cuenta que te lo autoimpones. Nuestro mayor temor era saber transmitir a todos nuestros interlocutores, a las sociedades profesionales y terceros, hacerles partícipes de nuestra decisión y obtener sus opiniones. Creo que lo hicimos bien porque fuimos capaces de establecer un nivel elevado de relación con todos los estamentos para conocer su opinión antes de implantar nuestro código. Todas las empresas tienen que cumplir el Código. Tenemos la satisfacción de que el recorrido ha sido muy valioso. En total, se han revisado y validado 1.887 congresos y simposios, 1.500 personas han seguido el curso online sobre el Código y 151 entidades solicitaron y obtuvieron el sello ético. Lo único que pretendemos es que haya unas reglas de relación entre las empresas y los profesionales y el mayor diferencial del Código es el patrocinio indirecto. Las empresas tienen una relación directa con la gerencia del hospital o con la sociedad científica que canalizan las ayudas a los profesionales que consideran.
