El Gobierno quiere lanzar los denominados Bancos de conservación de la naturaleza, entidades que gestionan créditos ambientales que permiten compensar los daños provocados por la actividad económica en áreas del territorio distintas a las que han sufrido el impacto. Reino Unido y Francia también los están desarrollando, tras su éxito en Alemania, Australia o EEUU, donde mueven alrededor de 2.000 millones de euros anuales.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido la creación de los Bancos en el borrador de la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas, cuyo período de audiencia pública concluye el próximo 29 de junio.
Elaborada por el Comité de Espacios Naturales Protegidos (integrado por el Ministerio, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias), la Estrategia busca cambiar el modelo de planificación territorial, de modo que mejoren la biodiversidad y los ecosistemas, y aumenten los servicios que estos prestan a la sociedad, a la par que se mitigan los efectos del cambio climático. Enfocada en las zonas naturales y seminaturales (la Red Natura 2000 abarca el 30 por ciento del territorio) su filosofía básica consiste en evitar la dependencia de infraestructuras cuya construcción es costosa, cuando la naturaleza pueda aportar soluciones más económicas y duraderas, creando también empleo local.
Colaboración público-privada
Los Bancos de la naturaleza son una de las herramientas de colaboración público-privada que deben permitir la financiación de la Estrategia, junto con el pago por servicios ambientales (ligados al establecimiento de incentivos económicos), en ambos casos previstos por la normativa vigente, pero pendientes de desarrollo reglamentario.
Los Bancos, recogidos en la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental, gestionarán unidades de mejora de valores ambientales (que se pueden expresar en hectáreas o en unidades poblacionales) convertidos en créditos comercializables; estos créditos se venden a las empresas para que puedan compensar los daños sobre el mismo o sobre semejante valor natural, en el lugar del impacto o en otro diferente.
Las actuaciones derivadas de la compra de créditos deben regirse por el principio de "no pérdida neta" de biodiversidad, a la par que asegure la adicionalidad de las medidas. Por lo tanto, solo se certifican actuaciones relacionadas con la restauración de una zona degradada, la creación de un recurso natural en un lugar donde no existiese antes, la mejora de un recurso para incrementar el volumen o la calidad de los servicios que presta, y la preservación o prevención del deterioro de un recurso o servicio.
El número de créditos que se otorguen por estas actuaciones debe estar regulado por la Administración, que también ha de supervisar el proceso, mientras que el precio de cada crédito lo marca el juego de la oferta y la demanda.
En España ya ha habido experiencias piloto en Cataluña y Extremadura, desarrolladas por el Ministerio con vistas a la elaboración de la normativa pendiente.
