El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores presentó una iniciativa con proyecto de decreto para incluir el fraude fiscal en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, con el objetivo de "combatir a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal".
De acuerdo con el dictamen del proyecto que reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional en materia de empresas fantasma, se busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las que deducen operaciones simuladas, y a "cualquier otra conducta delictiva de contenido económico", de manera que los delitos fiscales sean considerados como graves, de manera que implicarían forzosamente la aplicación de prisión preventiva, es decir, que dado el tipo de delito, quienes lo cometen no alcanzan el beneficio de llevar a cabo su proceso en libertad.
En el documento, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de Estudios Legislativos, proponen añadir los mencionados delitos porque "afectan las finanzas públicas del país y en consecuencia ponen en peligro su estabilidad o permanencia", y precisa que en materia de delitos fiscales y financieros la posibilidad de que no se ejerza la acción penal cuando quienes consuman o de alguna manera participan en delitos fiscales, hayan reparado o garantizado los daños.
El senador Alejandro Armenta Mier, ponente de la iniciativa, señala en su exposición de motivos que la SHCP ha realizado un estudio sobre la concurrencia de diversos delitos de carácter fiscal y ha llegado a la conclusión de que se puede distinguir entre delincuentes peligrosos y de otros que no lo son. Por ello "se estima conveniente que la política criminal de esta Secretaría procure un equilibrio entre el castigo y la recaudación".
Bajo estas consideraciones, "al delincuente peligroso organizado se le debe perseguir a través de un sistema penal de excepción, esto es, a través de la Ley Federal Contra la Delinciencia Organizada".
Dada su corrosividad, indica el argumento, el delincuente fiscal debe ser tratado con prisión preventiva. Además, se propone borrar los límites de los montos en las contribuciones omitidas, es decir, que este tipo de delincuencia organizada sea perseguida "desde un peso".
Así, los cambios combatirán a quienes expiden, enajenan, adquieren o trasladan comprobantes fiscales que simulan operaciones, así como a quienes acuerdan evadir millonariamente al fisco.
De acuerdo con el SAT, empresas dedicadas a la emisión de facturas lavaron en promedio 2 billones de pesos entre 2014 y 2018, lo que equivale a una décima parte del gasto público, para lo que utilizan a personas con dos salarios mínimos o adultos mayores como prestanombres.
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