La Comisión Europea ha recibido ya el análisis que encargó a Europe Economics sobre los riesgos que pueden tener para la competencia algunas de las principales fórmulas de financiación que utiliza la banca.
El informe ha analizado la adquisición apalancada (LBO), la financiación de proyectos (project finance) y la financiación de infraestructuras, que mueven anualmente alrededor de 720.000 millones de euros entre bancos y fondos de capital privado, principalmente.
El análisis se ha realizado en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Polonia y España, por su elevada proliferación y justo después de los escándalos provocados por la manipulación de índices vinculados al precio de los derivados de tipos de interés (euribor, libor), las permutas de incumplimiento crediticio (credit default swaps) -que acabó siendo archivado- o las tasas de intercambio de Visa y Mastercard, que se ha resuelto con un reciente acuerdo con la Comisión.
Según el despacho Norton Rose Fullright, "los prestamistas deben estar preparados para posibles medidas coercitivas contra los participantes en el mercado de préstamos sindicados, dada la aparente preocupación de la Comisión por este sector y la información detallada del informe que va a considerar ahora. También existe un riesgo potencialmente mayor de que se lleve a cabo un examen más exhaustivo, dado el interés general de la Comisión por los mercados financieros mayoristas".
Itercambio de información
El Ejecutivo comunitario estaba preocupado por el intercambio de información comercialmente sensible entre prestamistas en la fase preliminar de la operación de financiación y previa al mandato en firme.
Este riesgo, según el informe, puede aumentar cuando las entidades no cuentan con una separación funcional entre la mesa de originación y la de sindicación. En este sentido, el consentimiento del deudor es esencial para proporcionar al supervisor una evidencia de la falta de una conducta anticompetitiva.
El análisis se centra también en la coordinación de los bancos que lideran la estructuración de la operación para decidir cuándo vender, qué participación o a qué precio la deuda en el mercado secundario. Sin embargo, establece que en este caso el riesgo es poco plausible debido a la sofisticación de los potenciales compradores de deuda en mercado secundario.
Y, por último, la restricción de la provisión de servicios o productos accesorios a la financiación al grupo de prestamistas. Este factor gana peso en los casos en que la contratación de productos accesorios a la financiación se instrumenta como condición previa a la concesión de dicha financiación, existiendo el riesgo de que las condiciones de servicio no sean óptimas para el prestario en eficiencia o rentabilidad (por ejemplo, futuros servicios de asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones).
Según indica Cuatrecasas, en un análisis realizado sobre dicho informe, cabe remarcar que todos los encuestados que identificaron la presencia de esta práctica en el mercado eran españoles.
Recomiendan dinamizar las políticas para verificar la solvencia de los prestatarios
El informe identifica además ciertos elementos que podrían convertirse en una salvaguarda para paliar los riesgos, como por ejemplo, instruir al personal de la entidad en su deber de asesorar de forma neutral al cliente y/o deudor para su mejor beneficio, obteniendo en todo caso el consentimiento previo claro e inequívoco del mismo a las propuestas y al ámbito de cualquier mandato o negociación.
Asimismo, el estudio recomienda regular los protocolos de comunicación internos entre los equipos de los prestamistas que gestionen las distintas fases del proceso (tanto en originación como en sindicación), para evitar que la información sensible que deba ser revelada en una fase se filtre a otros competidores.
Por último, el estudio insta a minimizar las comercializaciones conjuntas de la financiación sindicada y posibles productos financieros complementarios cuando no sea estrictamente necesario.
El informe, en opinión de los abogados de Cuatrecasas, apunta a dos áreas que, si bien no generan riesgos de competencia, son campos potenciales en los que enfocar los esfuerzos en los próximos años para aumentar la eficiencia del mercado de financiación sindicada.
Por una lado se podrá profundizar en la reducción de las restricciones a la comercialización en el mercado secundario, y la dinamización de las políticas internas utilizadas por las entidades prestamistas para verificar la solvencia de los prestatarios.
Cuatrecasas asegura que otras autoridades de competencia pueden "situar la financiación sindicada en el punto de mira, en particular en mercados caracterizados por las prácticas identificadas como de mayor riesgo".
