Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), sociedad participada en un 29,6% por Repsol, ha retirado una demanda de arbitraje internacional presentada en marzo de 2018 contra Ecuador en la ONU, en la que reclamaba al país al menos 250 millones de dólares -unos 221 millones de euros al tipo de cambio actual- por desavenencias en materia tributaria que se han resuelto tras una regularización fiscal extraordinaria acometida durante el pasado mes de diciembre.
OCP es la propietaria de un oleoducto de crudos pesados que, con 485 kilómetros de longitud, conecta la Amazonia con la costa del Pacífico. En su accionariado también figuran, además de Repsol, otras petroleras, como las chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco o la norteamericana Occidental Petroleum.
La compañía presidida por Antonio Brufau no hace ningún comentario sobre esta participada, pero hace un año informó de la presentación del arbitraje ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral) en la información que periódicamente remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Y recientemente, también en información enviada a la CNMV, ha dado la noticia de la retirada del pleito, un tanto crípticamente, junto con la conclusión de otros pleitos mantenidos directamente por Repsol con las autoridades ecuatorianas.
15 años de tribunales
El arbitraje se refería al tratamiento de la deuda fiscal subordinada emitida para financiar las operaciones de OCP por parte del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI), que llevaba unos 15 años en los tribunales nacionales.
La empresa ya obtuvo un fallo favorable en 2013 de la Corte Nacional de Justicia, pero el Gobierno apeló a la Corte Constitucional y destituyó a los jueces firmantes de la sentencia, porque habían cometido un "error inexcusable". Este segundo tribunal anuló el fallo del primero y emitió resoluciones favorables a los intereses del SRI, desestimando todos los recursos posteriores de Repsol y sus socios.
El litigio, evaluado por el SRI en 252,3 millones de dólares, es el que terminó en Uncitral, pero tanto OCP como Repsol mantenían otros conflictos abiertos en los tribunales ecuatorianos por cuestiones tributarias, y los jueces estaban rechazando los recursos presentados por las empresas.
950 millones recaudados
Pero a mediados del año pasado el Gobierno ecuatoriano promulgó la Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, que permitía la condonación de intereses, multas y recargos de deudas tributarias hasta el día 28 de diciembre.
Gracias a su aplicación, el Gobierno ha obtenido 950 millones de euros de 308.000 contribuyentes, entre los que se encontraban OCP y Repsol, que impulsaron la recaudación, como ha destacado la prensa local.
Como resultado, OCP y Repsol han desistido de todos los pleitos y han puesto fin a todas las controversias. Repsol ha pasado de pagar 17 millones de euros en impuestos en 2017 a pagar 77 millones en 2018.
Cierra el litigio del oleoducto "Galley"
La petrolera también ha cerrado el pleito que heredó al adquirir Talisman en 2015 a cuenta de un derrame producido en 2012 en aguas británicas por la ruptura del oleoducto Galley. Las partes han llegado a un acuerdo por 125 millones de dólares -110 millones de euros al tipo de cambio actual- que no tienen impacto en el Grupo por estar previamente provisionados.
Talisman le reclamaba originalmente a la aseguradora Oleum 351 millones de dólares -unos 311 millones de euros-, dándose las circunstancias de que ésta era filial de la propia Talisman y de que no se ponían de acuerdo en la documentación que respaldaba la reclamación.
Tras un largo e infructuoso cruce de documentos, Repsol decidió judicializar el caso en 2016. Casi un año después el Tribunal, del Estado norteamericano de Nueva York, decidió dividirlo en dos etapas, una primera para identificar el alcance de la responsabilidad y la cobertura de los daños, y una segunda para hacer una valoración económica de los mismos.
En mayo del año pasado, la Corte falló que la póliza de Oleum sí respondía de los daños materiales, por lo que debía abonárselos a Repsol, pero aún quedaba pendiente decidir la cuantía.
Revisión a la baja
En el mes de septiembre Repsol revisó el monto de la reclamación, dejándola de 311 millones de dólares -unos 275 millones de euros-, y el pasado 8 de noviembre las partes firmaron un acuerdo transaccional que puso fin a la controversia, en virtud del cual Oleum ha abonado a Repsol 125 millones de dólares, unos 110 millones de euros, cerrando el caso.
