El Ayuntamiento de Madrid prepara una normativa para regular la vivienda de uso turístico que prácticamente imposibilita el desarrollo de la misma en la ciudad al imponer que estos pisos tengan un acceso y un ascensor independiente al de sus vecinos. Ante esta situación, Airbnb advierte de que se avecina una oleada de recursos, dado que si se aprueba la normativa que impulsa la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se "sometería a la industria a una doble regulación que puede ser contradictoria, puesto que los alojamientos turísticos registrados por la Comunidad de Madrid ya cumplen con ley regional".
Desde la plataforma, apuntan además que esta nueva regulación local es completamente opuesta a lo que las autoridades de la competencia, jueces y las autoridades europeas están diciendo. "Airbnb ha trabajado con más de 500 gobiernos en todo el mundo en normativas claras y proporcionadas. La normativa propuesta supone un riesgo al beneficiar solo a un grupo de empresas e imponer trámites innecesarios y restricciones desproporcionadas. Esto va en contra de las directrices de la Unión Europea e ignora las necesidades de los viajeros modernos, que buscan opciones de alojamiento local, auténtico y asequible. Queremos trabajar con el gobierno en la ciudad de Madrid para encontrar una normativa que beneficie a todos", apunta Sara Rodríguez, responsable de políticas públicas de Airbnb.
En caso de que finalmente se apruebe la nueva normativa, que además llega a las puertas de las próximas elecciones municipales de mayo, "la situación legal será tan confusa que creará inseguridad legal e indefensión en los anfitriones, huéspedes, empresas y trabajadores en estos sectores".
De momento, son ya varias las ciudades de España donde los juzgados han tumbado normativas por ser excesivamente restrictivas y anticompetitivas. Así, en las Islas Canarias el Tribunal Supremo anuló la prohibición del home sharing, mientras que en el País Vasco, la CNMC ha llevado a los tribunales las regulaciones locales de Bilbao y San Sebastián. En el caso de Cataluña, una sentencia del TSJC desestimó una demanda contra el uso de pisos turísticos en una comunidad de vecinos.
