Empresas y finanzas

Gobierno e inversión, claves del desarrollo hidráulico

Latinoamérica atesora una tercera parte del agua dulce del planeta y está destinada a resolver lo que se viene llamando Crisis planetaria del siglo XXI y que cuantificó el Water Resources Group del Banco Mundial: para 2030, si no se aplican medidas correctoras, habrá un déficit hídrico del 40% a la hora de cubrir las necesidades de la población, la agricultura y el tejido productivo.

Sin embargo, América Latina aún está lejos de poder proporcionar esa solución global; primero debe resolver sus propias carencias: de acuerdo con las previsiones actuales, en 2030 todavía un 20% de la población del continente carecerá de acceso a un recurso hídrico de calidad y un 60% no gozará de servicios de saneamiento y depuración.

Para analizar la situación, así como los retos y las oportunidades que plantea, tanto para los gobiernos de la región como para el sector privado y la propia población, elEconomista ha reunido a cinco expertos en la materia en un Observatorio denominado 'La gestión del agua, ¿el gran reto de América Latina?', que ha moderado Javier Mesones, redactor del periódico.

En el Observatorio han participado Luis de Lope, director Internacional de Aqualia; David Tuesta, director of Strategic Affair del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); José Carlos Díez, director del Foro de la Economía del Agua; Miquel Rodríguez, manager del Centro PPP for Cities de IESE, y Natalia Gullón, responsable de Alianzas y Gestión del Conocimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Abrió el debate De Lope, recordando el citado papel que debe desempeñar la región en el ámbito global -"Latinoamérica es un territorio de retos y oportunidades, que tiene delante el desafío de cubrir toda la crisis planetaria del siglo XXI"-, subrayando que "se enfrenta a un problema crítico en las redes de saneamiento y en la depuración de aguas residuales" y confiando en que la solución se alcance "con un mecanismo perfecto de cooperación del sector público y del privado".

Disparidad regional

Estas carencias, por otro lado, son muy dispares: en materia de abastecimiento oscilan desde el 96% de Venezuela al 66% de Bolivia; en el ámbito del alcantarillado y el drenaje, las coberturas oscilan del 91% de México al 6% de la República Dominicana; y en la depuración, del 84% de Chile al 4% de República Dominicana.

Tanta variedad responde a las distintas condiciones económicas de los países y a su forma concreta de articular soluciones para el reto del agua. Y aquí ya aparece uno de los primeros escollos: el déficit de gobernanza, ámbito que resaltaron mayoritariamente los participantes.

Rodríguez, por ejemplo, lo señaló vinculándolo a la necesidad de aumentar la imbricación del sector público y el privado: "Hay una inequidad y una necesidad de mejorar la gestión que pasa por invertir y por lograr mayor eficiencia. Y la combinación de inversión y eficiencia implica una colaboración público-privada".

Esta colaboración público-privada puede ser amplia desde un punto de vista contractual, porque lo importante son sus resultados y el valor añadido que aporten a la sociedad: los frutos de la colaboración tienen que ser eficientes a la hora de gestionar los recursos, deben realizarse -materializarse en el terreno-, han de ser resilientes y respetar el medio ambiente, y es obligatorio que garanticen el acceso al servicio público en términos de equidad.

En materia de gobernanza también insistió Gullón, señalando la necesidad de combinar esfuerzos desde los niveles más elevados de las instituciones -los ministros y otros responsables de los distintos países se reúnen periódicamente-, entre otras razones para poder gestionar las aguas continentales: hay 25 cuencas y 75 acuíferos transfronterizos.

En este ámbito, Gullón explicó la labor concreta de la cooperación española, "siempre desde un enfoque de derechos humanos", pero con vistas a "acompañar a los países socios en el fortalecimiento de todo el sector del agua y el saneamiento, y no sólo de las instituciones públicas, también los prestadores del servicio o las comunidades". Citó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento como ejemplo de la ayuda hispana.

Tuesta, desde su perspectiva de entidad financiera multilateral volcada en el desarrollo, igualmente quiso resaltar la importancia de la gestión del recurso hídrico "teniendo en cuenta los conceptos de equidad y de eficiencia" y la necesidad de emprender "acciones sostenidas para orientarnos en los objetivos de desarrollo sostenible". Se mostró optimista, no obstante, a la hora de mejorar, tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: "En CAF creemos que hasta 2030 estos objetivos pueden ser alcanzados en el acceso básico al agua y hay que trabajar e impulsar en el resto de ámbitos".

Díez, en cambio, prefirió poner el acento en la necesidad de invertir para cumplir los ODS -"el agua debe jugar un papel importantísimo a la hora de alcanzarlos"-, y resaltó que América Latina es una región en la que "la tasa de inversión está muy por debajo de la de 2007". También reclamó que la inversión "vaya acompañada de desarrollo tecnológico, prioritariamente local" y que "eso se traduzca en mejores salarios y empleos sostenibles".

Inversión de 250.000 millones

El volumen de inversión requerido por la región para alcanzar los ODS -particularmente el sexto, específico para el agua y el saneamiento- se evaluó en unos 250.000 millones de euros hasta el final de la próxima década. De acuerdo con los datos de CAF, se trata de una aportación adicional media del 0,3% del PIB regional, que en algunos países asciende al 0,7% del PIB y parte de niveles claramente inferiores, que apenas son del 0,07% en países como Bolivia.

Este volumen de inversión, aunque muy relevante, se consideró viable, sobre todo atendiendo al coste que tendría la inacción, evaluada en el 3% del PIB regional solo en asistencia sanitaria y mala nutrición. Ahora bien, el problema estriba en cómo canalizar esa inversión de un modo inteligente, que reduzca las carencias actuales no solo entre los estratos sociales, sino también geográficamente, entre las zonas rurales y los núcleos de población. Para ello es indispensable una buena regulación, que aporte confianza a los inversores.

Llegado a este punto, la colaboración público-privada puede aportar fondos a corto plazo, pero a medio y largo es necesario que las autoridades públicas o los organismos multilaterales -el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF- se encarguen de que perdure. E igualmente es relevante prestar atención a las etapas de preinversión -sin dilatar indefinidamente los plazos- para prevenir problemas futuros.

A la hora de ejecutar los proyectos, suele dar mejor resultado confiar en empresas de buen tamaño, con visión de largo plazo, capacidad económica y buen acceso a los mercados financieros, para construir y operar las infraestructuras. Y debe seguirse una planificación hidrológica dinámica y debe tenerse en cuenta la necesidad de mantener las infraestructuras -un tercio no se usa adecuadamente-, lo que implica implantar una cultura de pago por la disponibilidad de los recursos que ahora prácticamente no existe.

Los expertos no dudaron en identificar la falta de conciencia social sobre la necesidad de remunerar la inversión y de financiar la operación de los servicios como un problema mayúsculo en la región, si bien también reconocieron que se están dando pasos importantes para solucionarlo en algunos países. Por ejemplo, Colombia ha articulado un mecanismo tarifario progresivo en función de los niveles de renta -tiene seis niveles identificados- y ofrece subsidios a la explotación.

Como solución a este problema no hay otra que la comunicación y la concienciación de la ciudadanía, además de la capacitación de los responsables de la Administración regional y local, que suelen ser los responsables de trasladar a la población la necesidad de sufragar los servicios y de devolver el agua al medio ambiente debidamente depurada y en condiciones de calidad, área en la que se registran las mayores deficiencias.

España, modelo de referencia

Los expertos consideraron España, más allá de los lazos históricos con la región, como un modelo de referencia en materia hídrica. Y por muchos elementos. Se hizo referencia a la potencia de las empresas del sector, a la calidad de la tecnología -se mencionó el liderazgo indiscutible en desalinización- a los niveles de eficiencia en la gestión del recurso, a los avances en reutilización y regeneración, al modelo de gestión a nivel de cuencas hidrográficas por parte de organismos independientes, por la aplicación del modelo concesional de gestión privada del bien público del agua...

Los responsables de CAF y Aecid enumeraron abundantes casos concretos de colaboración entre instituciones latinoamericanas y españolas, tanto públicas como privadas, para potenciar la transferencia de tecnología y de conocimiento, con especial atención al ámbito del regadío -el 80% de la agricultura es de secano- y el de la gobernanza.

Ahora bien, también quedó claro que la extrapolación de un modelo exitoso no es fácil, ni suele tener éxito, a menos que se tengan en cuenta numerosos condicionantes, tal y como se aprecia al comparar los propios países del continente. Así, Chile atesora los mejores indicadores -el 93% de la población tiene abastecimiento, el 90% tiene alcantarillado y el 84% depuración-, gracias a una buena regulación, a un regulador potente, a un marco tarifario justo, y a una buena colaboración público-privada, que incluso cae en extremos -quizá excesivos- de que los activos y el uso del recurso es privado.

Una de las claves del modelo chileno, la estabilidad institucional, está empeorando en otros países, como México, donde el nuevo Gobierno cuestiona lo realizado por sus predecesores y socava un sistema que ha demostrado su buen hacer. Este buen hacer, por otro lado, sobresale en Perú, donde el marco institucional ha asumido la necesidad de colaborar a largo plazo y analiza con detalle las fases de preinversión.

Al final, incluso España debería aprender de la calidad y la robustez de algunos de los modelos de financiación de infraestructuras aplicados en Latinoamérica, que no en vano tuvieron su origen en la propia necesidad.

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