Lluvia de críticas a la propuesta de Industria del Estatuto para los Consumidores Electrointensivos. Tras el órdago de Alcoa -que amenaza con cerrar su planta en Lugo si el Gobierno no aporta más-, ayer la patronal de los grandes consumidores, Aege, la tildó de "insuficiente" por su "mínimo impacto", y CCOO consideró que "no aporta soluciones". Anteayer fue la patronal cementera, Oficemen, por boca de su presidente, la que criticó su "ambición limitada".
La ministra del ramo, Reyes Maroto, ha defendido su propuesta, que afecta a 153 empresas: "Son más de 150.000 empleos que garantizamos como consecuencia de ese Estatuto y creo que hay una garantía mayor de la que teníamos cuando nosotros llegamos", pero según los números de las empresas está muy lejos de solucionar el problema.
Impacto de 112 millones
Aege indica que el conjunto de medidas del borrador suma 112 millones, una cantidad inferior a los 150 millones presupuestados el año pasado -fue novedad- y que "dista mucho de las compensaciones globales que reciben nuestro competidores europeos".
La propuesta también reduciría los costes eléctricos de estas empresas en 2 euros por MWh, pero los deja muy lejos de los 20 y 25 euros por MWh de diferencia que sufren en relación a Francia y Alemania, respectivamente.
Las empresas, no obstante, agradecen la intención del Ejecutivo, y lamentan que no puedan abordarse otras medidas, como la fiscalidad energética y la reducción de peajes -que, si se adoptase su idea, rebajarían la factura hasta 14 euros por MWh- o la formulación de contratos bilaterales de largo plazo.
CCOO lamenta que la propuesta plantee "indefiniciones e incertidumbres muy preocupantes para el sector", al no garantizar partidas presupuestarias para los costes indirectos del CO2 o al obviar la actual fiscalidad eléctrica y los peajes.
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