BBVA prepara estos días la que será, previsiblemente, su junta de accionistas más tormentosa debido al 'caso Villarejo'. Su presidente ejecutivo, Carlos Torres, se estrena en el cargo con la imagen del banco muy deteriorada como consecuencia de la investigación judicial e interna abierta por las supuestas escuchas ilegales y espionaje masivo a políticos y empresarios en 2004 y 2005.
Torres tendrá que dar cuenta a sus socios de los posibles avances del análisis que la propia entidad ha viene haciendo desde el pasado mes de junio y que, hasta la fecha, no ha encontrado pruebas que apunten a indicios de delito por la denominada causa Tandem, que instruye la Audiencia Nacional desde mayo. Para acelerar las pesquisas BBVA contrató a PwC y Uría, reforzando así el papel llevado a cabo hasta entonces por Garrigues.
El máximo responsable del grupo ha defendido hasta ahora al que todavía hoy es presidente de honor, Francisco González, que en el momento de los acontecimientos era primer ejecutivo y principal interesado en que la operación de asalto de Sacyr fracasara.
BBVA encargó a las empresas del excomisario José Manuel Villarejo trabajos para echar por tierra la toma de control del banco por parte de la constructora hace catorce años. Unas labores que, según relata el exinspector -hoy en prisión preventiva-, derivaron en pinchazos telefónicos a destacadas personalidades del mundo de la política y de la empresa del momento, entre los que destacan la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el exjefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián; y el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.
Los regulares y el sector financiero han reclamado en las últimas semanas a la entidad que culmine cuento antes sus indagaciones y tome las medidas oportunas, incluida si procede el cese de González del puesto honorífico que disfruta desde el pasado 1 de enero y que le da derecho a secretaria, despacho y chófer.
Todo parece indicar a que Torres dará a los accionistas pocas explicaciones sobre la investigación interna. Ya hace poco más de un mes, durante la presentación de resultados, se limitó a hacer una defensa encendida de su antecesor y a ofrecer pocos datos porque el análisis estaba abierto y el caso estaba judicializado. Además, apuntó a que el banco podría tardar hasta un año en llevar a cabo la investigación debido a la gran cantidad de datos que se estaban revisando.
El presidente ejecutivo se enfrenta a esta junta, además, con la cotización en horas bajas, un aliciente para que las críticas de los socios se intensifiquen. La caída de la cotización en los últimos doce meses alcanza el 20 por ciento, a pesar de haber logrado un resultado superior a los 5.000 millones en 2018. Este beneficio, eso sí, se vio impulsado por las plusvalías cosechadas con la venta de la filial chilena.
El 'caso Villarejo' centrará una parte de las intervenciones de los accionistas, previsiblemente, y algunos exigirán responsabilidades por lo sucedido. El banco, al menos, se gastó más de 5,5 millones de euros en dos contratos con los excomisario, uno para frenar a Sacyr y otro para atacar a la asociación de consumidores financiero Ausbanc. En este segundo Torres ya estaba en el grupo y finalizó siendo consejero delegado, de ahí que la investigación interna incluya sus comunicaciones y correos electrónicos. El presidente ejecutivo no quiso responder hace un mes sí conocía la existencia de este contrato.
