
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha observado que algunas comercializadoras de electricidad están incumpliendo los contratos que han firmado con los clientes, rescindiéndolos unilateralmente antes de tiempo o variando sus precios más allá de lo asumido en las cláusulas.
Ante los incrementos del precio de la electricidad en el mercado mayorista -pasó de una media de 52,2 euros por MWh en 2017 a 58,2 euros por MWh en 2018-, algunas comercializadoras de electricidad se han visto en serios problemas porque habían pactado precios fijos inferiores con sus clientes. Y ante esas dificultades, han optado por aplicar prácticas contrarias a la competencia y la legislación.
Los contratos de suministro eléctrico suelen aceptar cambios en los precios de los componentes regulados del recibo, por variaciones en elementos de política energética, como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, o meramente técnicos, como los peajes de acceso o la financiación de los operadores del sistema y del mercado, que no superan los 10 céntimos de euro en la factura.
Sin embargo, el Regulador, según recoge su Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad de 2017, ha detectado también cambios en el componente de la energía del recibo, derivado de la evolución del mercado mayorista, con incrementos que llegan a ser de un 20% a un 30% -muy superiores a los registrados por el mercado-, e incluso la aplicación de precios distintos a los pactados desde la primera factura de la prestación del servicio.
Por eso recuerda que si el consumidor ha contratado un precio fijo del componente de energía durante un período concreto de tiempo, trasladando el riesgo de las oscilaciones de precio del mercado al suministrador, éste no puede modificarlo antes a su conveniencia.
Y en consecuencia advierte contra cláusulas como "los precios se revisarán de acuerdo con las variaciones de los precios de los mercados mayoristas" y señala que, en todo caso, cualquier modificación resultante por la aplicación de estas cláusulas debe informarse con antelación, ofreciendo la posibilidad de rescindir el contrato.
Cambio en la tarifa de acceso
El organismo presidio por José María Marín Quemada también avisa de que algunos comercializadores están cambiando el peaje de acceso del consumidor contratando la modalidad de la discriminación horaria sin consentimiento previo, práctica con la que la empresa consigue un mayor margen, pero que vulnera la legislación.
Igualmente alerta contra el incremento de los consumidores directos a mercado que, en teoría, prescinden de intermediarios para adquirir la energía, esquivando pagos relacionados con el bono social, la eficiencia energética y ciertas tasas municipales, un problema del que ya informó elEconomista.