El Gobierno ha fijado un calendario de cierre para las centrales nucleares. Según la propuesta ministerial, ninguna instalación se desconectará antes de 2025 ni después de 2035 y las clausuras se irán produciendo de un modo cronológico ordenado en función de su antiguedad. De este modo, a lo largo de los próximos años irán cerrando los dos grupos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes antes de 2030 y permanecerán abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo, lo que supondrá mantener 3.181 MW de potencia instalada en ese momento, hasta un máximo de 2035.
De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de los reactores de Almaraz 1 y 2 (previsiblemente en 2025) y Ascó I (2026) y Cofrentes (2030)
Transición Ecológica quiso dejar claro que no es una cuestión del Gobierno que centrales se abren y cuales se cierran y destacó que ha llegado a un acuerdo a posteriori gracias a la facilidad que ha supuesto el enfrentamiento entre Endesa e Iberdrola.
La decisión del Gobierno se ha basado en la falta de capacidad de Enresa para afrontar un desmantelamiento total a lo que se suma el retraso en la puesta en marcha del almacén temporal de residuos, así como la falta de capacidad financiera para afrontar el coste de dicha operación, un extremo que se verá beneficiado con el aumento del número de años de operación que se dará a partir de ahora a algunas centrales.
El cierre total del parque nuclear supondría que Endesa e Iberdrola tendrían que amortizar alrededor de 6.000 millones en los próximos años para poder llevarlo cabo entre 2023 y 2028, a partir de ahora el escenario será algo más llevadero aunque provocará previsiblemente un impacto en las cuentas de Endesa y de Enel.
Mientras que Iberdrola destina del orden de 500 millones anuales para tener amortizadas las plantas al cumplir 40 años -lo que les lleva a pérdidas-, Endesa lo hace a 10 años más y les permite seguir ganando dinero.
La clausura de las centrales nucleares, prometida por el PSOE, suponía incrementar alrededor de un tercio las actuales emisiones de CO2. En estos momentos, el sector eléctrico emite 60 millones de toneladas de CO2 al año, por lo que si se tuviera que cubrir la producción de energía de estas centrales, que asciende a 56 TWh, las emisiones resultantes podrían llegar a alcanzar los 22 millones de toneladas. Ante esta situación, Ribera ha optado por una solución pragmática para cumplir el Acuerdo de París.
