El Ministerio de Fomento pretende sacar a licitación al menos dos proyectos dentro de su plan de colaboración público-privada antes de que se celebren las elecciones generales el próximo 28 de abril. La intención del departamento que dirige José Luis Ábalos es sacar en las próximas semanas el concurso de dos contratos en Murcia, cuyos estudios de viabilidad ya están sometidos a información pública, por un importe conjunto de alrededor de 415 millones de euros. En este momento, la Abogacía del Estado analiza el pliego de contratación del Plan Especial de Carreteras (PEC), heredero del Plan Extraordinario de Inversión en Infraestructuras (PIC) promovido por el Ejecutivo anterior.
"Mientras la ley nos lo permita vamos a seguir adelante con el plan de carreteras", señala un alto cargo del Ministerio de Fomento, quien subraya que "hasta el 28 de abril el Gobierno está funcionando". Ábalos pretendía lanzar concesiones este año por entre 1.000 y 1.200 millones y al menos repetir esta cifra en 2020. No obstante, las elecciones dificultan este objetivo.
Además de los dos proyectos de Murcia, los más avanzados, Fomento intentará acelerar los trámites para poder sumar un tercer contrato, el relativo a la duplicación del bypass de Valencia (V-30), con una inversión de 288,5 millones de euros. Recientemente ha obtenido la declaración de impacto ambiental. No obstante, los problemas con la ingeniería que realiza el proyecto dificultan que pueda sacar el concurso antes de las elecciones.
El proyecto de Murcia que está más cerca de licitarse es la concesión de obras para la ejecución, conservación y explotación de la Autovía A-7 entre Alhama y Murcia y la Autovía MU-30 en Alcantarilla. Las obras implican el tramo A del Arco Norte de Murcia (autovía de circunvalación de nuevo trazado), el tercer carril de la autovía A-7 entre Alhama de Murcia y Alcantarilla y el tercer carril de la Autovía MU-30 entre su enlace con la A-7 y el de la MU-31. Los tramos suman una longitud de 38,4 kilómetros y el presupuesto de licitación de las obras asciende a 215,13 millones de euros.
Mientras, también sacará la concesión de la Autovía A-7 Crevillente-Murcia, que incluye un tercer carril en la A-7 Crevillente-Orihuela, entre Orihuela y Monteagudo y el Arco Norte B de Murcia. Las obras afectan a tramos que suman una longitud de 39,9 kilómetros y el importe de licitación es de 199,79 millones.
El plan se regirá por un sistema de pago por disponibilidad -sin peajes-, con una rentabilidad del bono a 10 años más 200 puntos básicos y un plazo de 10 años. Unas condiciones que están alejadas de las pretensiones del sector privado.
La compensación por las radiales, no antes de verano
La Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) asociada a las autopistas de peaje quebradas que han sido asumidas por el Ministerio de Fomento tendrá que ser fijada por el próximo Gobierno. "Será posterior a las elecciones" del 28 de abril, señalan fuentes del departamento que dirige José Luis Ábalos. La RPA, que será superior presumiblemente a los 2.000 millones, aún no ha llegado al Consejo de Estado, que debe dar su aprobación para remitirlo al Consejo de Ministros. La autorización se demorará al menos hasta el verano.
