El Ministerio para la Transición Ecológica y las principales empresas con centrales nucleares, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han alcanzado un principio de acuerdo para que estas plantas operen al menos durante los 40 años que contempla su esperanza de vida de diseño. Ello implica que se aportará alguna solución para prorrogar la licencia de la central de Almaraz, que expira en junio de 2020.
Pacto de silencio alrededor de la reunión que esta mañana han mantenido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, sobre el futuro de las centrales nucleares en España. Ninguno quiere decir nada oficialmente.
Sin embargo, varias fuentes consultadas por elEconomista indican que durante el encuentro se llegó al acuerdo de que en ningún caso se cerrará ninguna central antes de cumpla los 40 años de vida previstos en el momento de su construcción. Este pacto aún debe articularse y concretarse, pero implica dar una solución a la planta de Almaraz, sobre la que sus propietarios tienen serias diferencias.
Licencia de Almaraz
La actual licencia de operación de la planta de Almaraz alcanza hasta junio de 2020 y las empresas propietarias tienen hasta el 31 de marzo para pedir su renovación. Pueden hacerlo por el plazo que estimen oportuno, pero en aras del interés general los diferentes gobiernos vienen otorgando estos permisos por períodos del 10 años, lo que plantea dos problemas.
El primero es que esa década supera los 40 años de vida útil que defiende el programa electoral del partido en el Gobierno y que en el caso de Almaraz, se cumplen en septiembre de 2023. Y el segundo es que Iberdrola -con un 53% de la propiedad- pierde dinero con su negocio nuclear y quiere cerrarlo, a menos que cambie la regulación: varios impuestos recaudan alrededor de un tercio de la facturación de estas instalaciones.
Endesa -con un 36% de la propiedad- no pierde dinero porque amortiza sus nucleares a 50 años, mientras que Iberdrola lo hace a 40 años y acometió una revalorización de activos en 2013. En cualquier caso, un cierre a menos de 50 años le provocaría un agujero a la empresa presidida por Borja Prado por el fondo de comercio: a finales de 2017 tenía un inmovilizado material de 2.878 millones de euros por sus centrales nucleares.
Inversiones de 1.000 millones
La tercera empresa en discordia, Naturgy tiene una participación menor, del 11%. Al igual que Iberdrola, también la amortiza a 40 años, pero su posición ha sido esperar y ver en el conflicto de los dos socios principales. Eso sí, al igual que Iberdrola, es poco amiga de invertir de 700 a 1.000 millones para garantizar el funcionamiento seguro de la planta hasta los 50 años.
Además, Almaraz es la más antigua y rentable de las plantas nucleares, pero aún así necesita que el precio del mercado eléctrico sea superior a los 40 euros por MWh para cubrir sus costes operativos, algo que nadie puede garantizar a medio plazo.
El principio de acuerdo alrededor de los 40 años de vida útil solventa los dos problemas: se cumple el programa electoral del PSOE y se evita que Almaraz cierre en 2020 porque caduque la vigencia de la licencia actual, sin condicionar que en el futuro se le pueda ampliar la vida útil.
Mañana estaba prevista una reunión de CNAT, la sociedad que explota las centrales de Almaraz y Trillo, -en la que también figura EDP, que no ha participado en la reunión del Ministerio puesto que no tiene participación en Almaraz-, y los asistentes a la reunión querían desconvocarla, pero los servicios jurídicos están estudiando esa posibilidad.
