El conflicto del taxi se ha enquistado en Madrid y amenaza con extenderse sine die tras varios días apostados en Ifema donde se han vivido los primeros enfrentamientos entre el gremio y la Policía, se registraron las primeras detenciones y ya se han llegado a contabilizar hasta once heridos. Y es que, el sector mantiene el pulso y las protestas después de que el Gobierno de Ángel Garrido y los representantes del sector dieran por rotas las negociaciones ante los problemas para acercar posturas. "No podemos aceptar menos de lo que tienen los taxistas de Barcelona. Si no hay precontratación, iremos a la guerra", explican fuentes de las asociaciones de los taxistas.
Así, las líneas rojas de los taxistas madrileños son que la Comunidad de Madrid establezca una precontratación mínima de 15 minutos; que abra la puerta a que los ayuntamientos puedan ampliarla a una hora y que prohíba a Uber y Cabify circular en vacío durante media hora y aparcar en superficie. Unas exigencias que el Ejecutivo popular de Ángel Garrido se ha negado a aceptar, abriendo un fuerte cisma entre el taxi y la Comunidad que puede dejar a Madrid sin regulación de las VTC hasta al menos el año que viene.
Y es que, la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid se opone a realizar cualquier cambio en la propuesta de modificación de la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los transportes urbanos que se presentó el lunes a los taxistas, por lo que si el gremio no la quiere aceptar tal y como está, la retirarán. "La propuesta de hacer una reforma exprés de la ley es algo que se hace por ellos, es un ofrecimiento de la Comunidad para regular la actividad de las VTC. Si la rechazan no tiene ningún sentido presentar la reforma, así que no se presentará", explican fuentes de la Consejería de Rosalía Gonzalo a este diario.
En este sentido, la propia consejera aseguró que los taxistas "no lograrán en Madrid un acuerdo como el que han alcanzado los de Barcelona sobre el tiempo de precontratación de los VTC". "Éste es un Gobierno responsable, que no va a ceder a ningún chantaje ni a presiones de ningún sector", sentenció. La inflexible postura de la consejera de Transporte se ha visto respaldada por el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que ayer aseguró en Fitur que Cataluña "se dirige a la Edad Media, primero con la eliminación de hoteles y ahora con esto, que es lo contrario de lo que hay que hacer".
"No lograrán en Madrid un acuerdo como el que han alcanzado los de Barcelona"
Pese a la negativa a cambiar su texto y ceder a las exigencias del taxi, Gonzalo aseguró que su Consejería está abierta a sentarse a negociar con los taxistas cuando éstos lo pidan, algo que las asociaciones no piensan hacer. "Si no están dispuestos a mover ficha o a realizar concesiones, no vamos a pedirles un encuentro. No tiene sentido sentarse a negociar nada. Ahora la consigna es aguantar y seguir luchando", explican fuentes del sector cercanas a los contactos.
Respecto al conflicto con el taxi, que está dificultando el acceso a Fitur y ha hecho que se cancelen algunos eventos organizados, Ángel Garrido pidió la intervención de la Delegación de Gobierno "de una vez por todas para evitar que los ciudadanos estemos secuestrados debido a incidentes graves y actos de violencia que no se deben consentir".
A su vez, no dudó en responsabilizar del conflicto al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya que "no quiso hacer nada en lo que le compete y le ha pasado el tema a las comunidades". Una crítica que también se ha oído desde Ciudadanos, que ha acusado a Ábalos de "lavarse las manos como Pilatos" al pasar a las CCAA la regulación de las VTC. Así, ha pedido la comparecencia en el Congreso de cinco ministros para que den cuenta de la "descoordinación".
Ante el cruce de acusaciones, Ábalos pidió a Garrido que "no busquen excusas para no abordar el problema mientras se descalifica a otros para justificar la propia incapacidad". El ministro, que se reunió con el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en Valladolid, negó que haya pasado "la patata caliente" a las CCAA y consideró absurdo que se pida una norma nacional. "Son dos actividades que se desarrollan en el espacio estrictamente urbano y cuya regulación normativa corresponde a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. No es un problema nacional, sino que se localiza en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades", señaló en unas declaraciones recogidas por Rafael Daniel (Valladolid).
'Plan B' para zanjar la guerra
Mientras se sigue tensando la cuerda entre la Comunidad de Madrid y los taxistas, éstos ya han puesto sobre la mesa un plan B para desbloquear el conflicto por elevación. La idea de una parte de las asociaciones es pedir al Ministerio de Fomento que solucione el problema de los plazos de precontratación y de seguridad jurídica a los ayuntamientos para fijarla mediante la modificación del Real Decreto ley 13/2018, que todavía se está tramitando como proyecto de ley. Puesto que el plazo para presentar enmiendas sigue abierto, los taxistas plantean que el propio PSOE y el mismo Ábalos presenten una enmienda para incluir una definición más concreta de la precontratación y fije un plazo mínimo de espera entre que se pide el servicio de VTC y se presta.
En líneas generales buscan que marque el camino, sea más explícito y ponga el listón de lo que se puede o no se puede hacer, mientras que aporta seguridad jurídica para que los consistorios no tengan que ver cómo la justicia suspende cautelarmente sus reglamentos y les impone el pago de indeminizaciones.
Paralelamente al recrudecimiento del conflicto en Madrid, en Barcelona los taxistas votaban si aceptaban el decreto ley propuesto por la Generalitat que, según Uber y Cabify, acabará con su negocio en Barcelona. El acuerdo dividió al taxi y llevó a líder de la asociación Élite a dimitir como presidente del Comité de Huelga de la AMB. Alberto Álvarez llamaba a que se respaldara como un primer paso para acabar con las VTC, pero otra parte más radical insistía en que no. Al cierre de esta edición no había resultados.
