El origen del registro de BNP y Espírito Santo se remonta al 2000 con el caso BBV-Privanza

El origen de los registros realizados hoy en Madrid y Barcelona a sucursales de los bancos Espírito Santo y BNP Paribas se remonta a una investigación que se inició a raíz de otro registro en mayo de 2000 de la sede de BBV-Privanza, también por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En esta sucursal de BBV Privanza, hace más de seis años, se encontraron, en el marco de una investigación sobre las cuentas de la Expo'92, un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal", que fueron analizadas con detalle por la Agencia Tributaria.

A raíz de este descubrimiento, los peritos de la Agencia Tributaria analizaron a unos 600 clientes y elaboraron un informe preliminar sobre las posibles irregularidades fiscales, que han sido la base para la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

A raíz de profundizar en el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta de corresponsalía se siguió el rastro de estas transferencias hasta dar con varios despachos de abogados de Barcelona y Madrid -los bufetes De Miguel & Abogados y Morgan & Morgan, en Madrid, y Pretus, en Barcelona-, ya registrados en diciembre de 2005 por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, que entonces sustituía a Garzón.

Según la investigación, estos despachos cooperaron presuntamente en una operativa para defraudar al fisco con el objetivo de "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus asesorados. Por el momento, en estas pesquisas están imputadas más de una treintena de personas, se han librado varias comisiones rogatorias a paraísos fiscales, se han congelado varios depósitos en una veintena de entidades de crédito y se han dictado varias medidas cautelares para embargar numerosas propiedades inmobiliarias.

Hasta ahora, por la Audiencia Nacional han pasado como imputados el propietario de Burberrys España, Eugenio Mora, cliente del despacho barcelonés Pretus, así como otras personalidades del mundo económico como el presidente de la empresa Damm, Demetrio Carceller, y su hermano, José Carceller.

Tras las declaraciones de estos imputados, un informe de la Agencia Tributaria dejó al juez Baltasar Garzón, a la vuelta de la excedencia que le llevó a Estados Unidos, detalles muchos más pormenorizados sobre las técnicas utilizadas para evadir al fisco.

Por eso, la operación realizada hoy por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene por objeto investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de las entidades de crédito, y ver si los bancos han facilitado "estructuras fiduciarias".

Las diligencias previas ordenadas por el juez Baltasar Garzón este mismo año, sobre las que no se ha levantado todavía el secreto del sumario, son consecuencia de la comprobación de varias informaciones obtenidas en la investigación ("deducción de testimonio") efectuada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.