El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha certificado esta semana la cancelación anticipada de los contratos del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en cuya ejecución participan varias empresas españolas como Acciona, FCC, Sacyr y Aldesa. Lo ha hecho en cumplimiento al resultado de la consulta ciudadana del pasado mes de octubre.
Aunque el presidente mexicano expresó en su momento su disposición a negociar con las empresas contratistas, por ahora no ha habido avances al respecto y los grupos aguardan a recibir propuestas que compensen las inversiones realizadas hasta la fecha en la infraestructura.
La cancelación se ha producido después de que la mayoría de los tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México aceptara la oferta mejorada de recompra por parte del Gobierno -aún tiene que negociar con otros bonistas-. De este modo, los Presupuestos de 2019 ya contemplan los fondos para poder acometer la alternativa a la megaobra que en 2015 puso en marcha el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto, con un valor de 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros). Se trata de la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México.
Sobre las negociaciones con las empresas que fueron contratadas para ejecutar el Nuevo Aeropuerto de México, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, apenas ofreció detalles en la rueda de prensa del jueves. Desde el inicio del proyecto se han adjudicado un centenar de contratos por un importe de alrededor de 8.000 millones de dólares (7.014 millones de euros). De hecho, el grado de avance de la infraestructura se sitúa en el 32 por ciento, por lo que el coste por indemnizaciones o compensaciones se prevé significativo.
En octubre, López Obrador aseguró su disposición a alcanzar acuerdos con las compañías. "Vamos a hablar también con los empresarios, con los contratistas para llegar a un acuerdo, hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía o llegar a arreglos y, en todo caso, se va a actuar con apego a la legalidad", dijo entonces. Fuentes empresariales afirman que "no hay nada concreto, pero (desde el Gobierno) han mostrado buena intención para no perjudicar a las empresas".
Tampoco tienen información sobre cuál podría ser la participación de las empresas en el nuevo proyecto de Santa Lucía. Máxime porque, como reiteró el jueves Jiménez Espriú, la pretensión del Ejecutivo azteca es que sea el Ejército el que se haga cargo de las obras de construcción.
