Enel, propietaria de Endesa, puede verse abocada a una importante depreciación de activos si el Gobieno español decide no prorrogar más de 40 años las centrales nucleares. La compañía tiene registrado en sus cuentas un fondo de comercio de más de 8.764 millones para los activos de generación que si se adelantara este cierre tendría que reducir de forma considerable con el consiguiente impacto en resultados.
La estimación de las cantidades afectadas es prácticamente imposible ya que la empresa no la desglosa por activos sino que abarca todo el negocio, pero la afección resulta más que considerable al ser la potencia nuclear una parte importante de la generación de la española.
Endesa amortiza a 50 años las nucleares con un efecto de 163 millones cada año. Si pasará a hacerlo a 40 años, el efecto sería aproximadamente de un aumento de amortización anual de 225 millones hasta llegar a un total de 388 millones. Enel, por su parte, amortiza esas mismas centrales a 60 años por lo que en caso de pasar a 40 años las amortizaciones aumentarían en 284 millones. El efecto en un cambio en la rentabilidad de estas plantas impactará en la rentabilidad de la cartera de clientes pues cambiaría el coste de producción y por tanto el valor de la misma. Y, en consecuencia, en el fondo de comercio.
Endesa además acaba de acometer un cambio de auditor que tendrá que validar a partir de ahora la forma de amortizar de la compañía y para ello jugará un papel clave el Plan Integral de Energía y Clima que tiene que presentar el Gobierno en las próximas dos semanas y del que se espera un calendario de cierre progresivo que deje del orden de tres plantas en operación si el Gobierno no acepta la propuesta de Iberdrola y Naturgy.
Sobre la mesa siguen prácticamente las mismas opciones que este pasado verano, aunque en el sector se asegura que todavía no se ha abierto una negociación con el Gobierno. Por un lado, un cierre escalonado de modo que se quedarían tres centrales nucleares abiertas, previsiblemente las catalanas puesto que Endesa quiere seguir operándolas aunque Iberdrola reclama que esto no sea así y dice que tendrá en cuenta a las comunidades en las que opera.
Por otro lado, el intercambio de activos que se ha planteado pero en el que las compañías no logran alcanzar acuerdos por las más que alejadas valoraciones que hacen cada una y por la financiación de Enresa para el desmantelamiento y, por último, la reforma legal que abanderan Iberdrola y Naturgy, adelantada por elEconomista, pero de la que Endesa resultaría una de las principales ganadoras y que consiste en pedir renovaciones de licencia únicamente hasta alcanzar la vida útil de las plantas de modo que la decisión final sobre la continuidad de estas centrales se puede aplazar como mínimo cuatro años.
Naturgy e Iberdrola han forzado un junta para hablar de Almaraz.
