Madrid
La renovación de las líneas interurbanas de autobús, que llevan años caducadas, ha vuelto a encallar, esta vez ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda.
En los últimos meses, las compañías de transporte discrecional de viajeros han presentado ante el TACRC una serie de recursos contra los pliegos de los concursos licitados en abril y mayo de 2018 y las decisiones del Ministerio de Fomento, que han bloqueado el proceso un año más y que todavía no tiene fecha prevista para reactivarse. No en vano, el departamento que dirige José Luis Ábalos está pendiente de que salgan las últimas resoluciones para dar un impulso a los nuevos pliegos y relanzar los concursos de renovación de las líneas interprovinciales en el primer semestre de 2019.
Así, tras meses y meses rehaciendo los pliegos de los concursos para poner coto a la polémica de las bajas la temerarias, oleada de recursos y cumplir con la nueva la Ley de Contratos Públicos y lograr el respaldo del grueso del sector encabezado por Confebus, un proceso que ya supuso un largo bloqueo, la Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocares (Anetra) y Globalia frenaron el procedimiento apenas tres meses después de su reactivación en abril con la licitación de tres línea valoradas en 111 millones. Y es que, Anetra, que según su presidente Alfredo Vázquez, cuenta con 900 asociados, y la compañía de Javier Hidalgo interpusieron en junio un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal que depende de Hacienda contra los pliegos de licitación de la concesión de la ruta que une Madrid y Granada y de la que conecta Santander, Bilbao y La Manga, ambas caducadas desde hace años.
Globalia y la asociación criticaron que el concurso incluía dos condiciones contrarias a derecho
Globalia y la asociación criticaron que el concurso incluía dos condiciones contrarias a derecho ya que exigía un plan de igualdad y de seguridad para toda la compañía y sólo para la concesión en particular, como así tendría que haber sido, tal y como resolvió el TACRC, que falló parcialmente a favor de los recurrentes y anuló las cláusulas. Como los pliegos eran iguales que las otras dos licitaciones que Fomento sacó en abril (Madrid-Toledo-Piedrabuena y Valladolid-Soria-Zaragoza), estos concursos también se paralizaron.
Según informan fuentes del ministerio que dirige Ábalos, el tribunal administrativo dependiente de Hacienda obligó a Fomento a "retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación del pliego de cláusulas". Es decir, que obligaba a rehacer y aprobar un nuevo pliego. Ante esta situación y con el nuevo equipo de Gobierno recién aterrizado en las instituciones (la sentencia es de julio de 2018), el equipo de Ábalos decidió desistir de las cuatro licitaciones y empezar de cero con la reelaboración del pliego de cláusulas y a fijación de un nuevo calendario de concursos a partir de enero de 2019.
Una decisión que no gustó mucho a una parte del sector, que ha maniobrado para tratar de que Fomento de marcha atrás. Así, una agrupación de empresas conformada por Montforte, Castromil, Alcalabus y Vigo Barcelona interpusieron el pasado mes de octubre "un recurso especial en materia de contratación" contra la decisión de Fomento de desestimar el expediente correspondiente a la licitación de la concesión Valladolid-Soria-Zaragoza, valorada en 8 millones, por entender que dicho desistimiento atentaba contra sus derechos. No en vano, las empresas se habían presentado en alianza al concurso. El recurso aún está pendiente de resolución por el TACRC, según informan fuentes de Fomento que, a su vez, defienden que decidieron anular los concursos tras la recomendación de la Abogacía del Estado. 
En función del resultado de esta decisión, la Dirección General de Transportes Terrestres, dirigida por Mercedes Gómez desde julio de 2018, decidirá que camino seguir y fijará el nuevo calendario. Fuentes del sector explican a este diario que se deberían sacar los primeros concursos a principios de año pero desde Fomento no se han querido pronunciar al respecto.
Este nuevo frenazo a la renovación de las concesiones interurbanas, que el 42 por ciento lleva más de tres años caducadas y hay alguna incluso que opera de forma provisional desde 2009 (la ruta entre Zaragoza y Murcia), coincide con los planes de Europa de liberalizar el tráfico terrestre de pasajeros para las líneas de más de 100 kilómetros de recorrido. El sector está pendiente de ver si se lleva a la ultima reunión de enero antes de que se diluya el parlamento europeo de cara a las elecciones. En el caso de que la propuesta se quedara en un cajón, como parece que puede pasar, la medida se quedaría años paralizada y puede que no llegue a salir.
