La Cámara Internacional de Comercio (ICC) de Miami ha emitido en el día de hoy un laudo referido a los anticipos económicos recibidos por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para la ejecución del proyecto del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá por un importe de 547,96 millones de dólares (482 millones de euros) por el que obliga a las empresas a devolver esta cantidad a la Autoridad de Canal de Panamá.
Estos anticipos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que GUPC debe devolver ahora se recibieron al inicio de la obra en 2009 en concepto de costes de movilización e instalación de plantas.
De acuerdo al contrato y su adenda 108, GUPC solicitó en ICC en enero de 2017 un arbitraje para determinar de forma inequívoca que la devolución de estos anticipos se debía producir de forma acorde con los laudos de los arbitrajes técnicos que deben dictar qué parte es responsable de los costes imprevistos que surgieron a lo largo del proyecto. A criterio de GUPC, este es el espíritu del acuerdo firmado en 2014, aunque el documento fijara como fecha tentativa para dicha devolución junio de 2018, cuatro años más tarde, en el convencimiento de todas las partes entonces de que ese era un plazo razonable para las resoluciones.
Pero la realidad es que, debido a la complejidad de los arbitrajes, los procesos llevarán más tiempo del previsto en un inicio. Cabe recordar que el Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá lleva operativo desde junio de 2016 generando ingresos para ACP y el Estado de Panamá.
Un crédito sindicado para el laudo
No obstante, para hacer frente a las obligaciones financieras puntuales que el laudo ha establecido, Sacyr firmó un crédito sindicado de 225 millones de euros por un periodo de 5 años con 2 de carencia, que permitirá afrontar la devolución de la parte de los anticipos que le corresponden como accionista de GUPC. Este importe es el correspondiente a la participación del 41% de Sacyr en el consorcio.
Según señaló el grupo español "esta operación se hace de forma independiente a la evolución de los negocios de Sacyr, que es muy positiva como se refleja en los resultados trimestrales, y que no se verá afectada por este laudo de ninguna manera"
Esta operación financiera tiene un efecto equivalente al que hubiera tenido la devolución de los anticipos a la finalización de los procesos arbitrales técnicos y cuenta con unas condiciones económicas ventajosas para Sacyr. Es decir, que la compañía tiene previsto amortizar el préstamo concedido conforme se vaya produciendo el desenlace final de los diversos arbitrajes existentes sin un mayor coste debido a este laudo.
El laudo por el contrario también establece que la ACP debe abonar a GUPC los gastos de mantenimiento no abonados hasta la fecha por 36 millones de dólares más los intereses.
La disputa por los anticipos en el Canal de Panamá se eleva a 825 millones de dólares (726 millones de euros). De esta cantidad, 277 millones de dólares (244 millones de euros) se disputan en un Tribunal de Londres cuya resolución se prevé para marzo o abril. De este importe, a Sacyr le corresponden 125 millones de euros. Para este caso, la constructora española también dispone de un acuerdo con los bancos para hacer frente al mismo en iguales condiciones si la resolución fuera en una línea similar a la emitida hoy por la Corte de Miami. De igual modo, no tendría efecto sobre su negocio.
