La baja rentabilidad de las entidades de depósitos españolas obliga a reducir costes cerrando oficinas, con una caída acumulada de la red de sucursales del 42% desde 2008. Así, en junio de 2018 el sector bancario español cuenta con una red de 27.320 oficinas, casi la mitad de las 45.662 que existían antes del inicio de la crisis.
La información por provincias muestra diferencias en la intensidad del ajuste. Mientras que en algunas provincias se han cerrado más del 50% de las sucursales que había en 2008 -Barcelona (56%), Castellón (53%), Tarragona (52%) y Girona (51%)-, en el extremo opuesto se sitúan otras con recortes por debajo del 25% como Cuenca (16%), Badajoz (21%), Teruel (21%) y Ciudad Real (22%), según los datos recopilados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
El número de oficinas sigue cayendo y eso explica que siga aumentando la población que no tiene acceso a una sucursal en su municipio de residencia, que ha pasado del 2,7% de la población española en 2016 al 2,9% en 2017. En este último año, un total de 1.351.276 habitantes viven en municipios donde no hay ni una sola oficina bancaria, un 7,2% más que en 2016. En más de la mitad de los municipios españoles (en concreto, en el 52,2%) no hay oficinas bancarias, lo que supone un aumento de 1,5 puntos porcentuales (pp) respecto a 2016 y 8,3 pp desde 2008, que es cuando la red de oficinas en España alcanzó su máxima extensión.
Diferencias entre comunidades
Por comunidades autónomas, las diferencias en el porcentaje de la población sin acceso a los servicios bancarios en su lugar de residencia son amplias. Así, mientras que en Castilla y León el 16,4% de sus habitantes residen en municipios donde no hay oficinas bancarias, en Illes Balears, Canarias, Murcia, Asturias y Madrid el porcentaje no llega al 1%. Junto con Castilla y León, el porcentaje supera el 5% en Extremadura y Navarra. En el último año (de 2016 a 2017), Extremadura y Cantabria son las regiones en las que más ha aumentado el porcentaje de la población financieramente excluida, con aumentos de 1,5 y 0,7 pp, respetivamente.
Mayores son las diferencias cuando el foco se pone en el ámbito provincial. Así, el rango de variación del porcentaje de población sin acceso a una oficina bancaria en el municipio de residencia varía de un mínimo de prácticamente el 0% (caso de Illes Balears, Cádiz, Jaén, Las Salmas, Pontevedra, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla) a un máximo del 27,7% en Zamora. Junto con esta última, la exclusión financiera supera el 20% en Ávila, Salamanca y Segovia. Desde que comenzó el cierre de oficinas en 2008, en Cáceres y Segovia son las provincias en las que más ha crecido el porcentaje de la población que reside en municipios son oficinas bancarias.
El mayor porcentaje de la población financieramente excluida reside en municipios muy pequeños. Así, en 2017, el 83% de los municipios españoles que no disponen de oficinas bancarias tienen menos de 500 habitantes, concentrando el 30% los que no llegan a 100 habitantes. Los que tienen de 5.000 a 10.000 habitantes solo representan el 0,1% de los municipios sin sucursales. En términos de población excluida, el 44% reside en pueblos de menos de 500 habitantes. En consecuencia, la probabilidad de no tener acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia es mucho mayor si se reside en un municipio pequeño. En las localidades de menos de 100 habitantes, el porcentaje de población excluida es del 98%, sigue siendo alto en los de 100 a 500 habitantes (80%), pero prácticamente es nulo en los de más de 5.000 habitantes.
De cara al futuro, es previsible que siga aumentando la población sin acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia ya que es necesario seguir ajustando la capacidad instalada para recortar costes en un entorno de baja rentabilidad del negocio bancario. No obstante, si el cierre se concentra en municipios de cierto tamaño, es menos probable que afecte a la exclusión financiera. Además, conforme siga avanzando la penetración de la banca online (y su potencial en España es mayor que en otros países dado el menor porcentaje de la población que la utiliza en comparación con otros países), el impacto del cierre de oficinas sobre la potencial exclusión financiera será menor.
El propio sector bancario está contribuyendo a evitar la exclusión financiera facilitando el acceso a los servicios financieros en lugares donde no hay oficinas (con cajeros automáticos, agentes financieros, oficinas móviles, etc.), y el sector público debería completar esta labor (para empezar, erradicando la exclusión digital), ya que la exclusión financiera es un problema social.
