
El Ministerio para la Transición Ecológica ya está trabajando en el diseño de un Estatuto específico para la Industria Electrointensiva; el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha remitido sendas cartas a los gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia -los territorios donde Alcoa cerrará fábricas de aluminio- para que aporten ideas. Además, lo recoge el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
La ministra Teresa Ribera anunció en el Congreso a finales de octubre la posibilidad de reconocer las particularidades de la industria electrointensiva con un Estatuto específico, igual que otros países de nuestro entorno, como Francia.
Y el Estatuto, largamente reclamado por la industria, está cobrando cuerpo. De ello se habló en la reunión que mantuvieron los ministerios de Transición e Industria con los gobiernos de Asturias y Galicia sobre la situación de Alcoa el pasado 8 de noviembre y, a raíz de ella, Domínguez ha remitido una carta al Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola, y otra al Consejero de Economía, Empleo de Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, anunciándoles que está encargado de diseñarlo.
"Somos conscientes de que estas industrias, en las que la electricidad es un factor primordial, deben poder planificar su producción en un marco energético con reglas conocidas y sostenibles en el tiempo", rezan las misivas, fechadas el pasado 13 de noviembre.
Domínguez concluye pidiendo aportaciones a los consejeros: "Cuento con tu opinión para poder desarrollar esta propuesta por lo que te ruego me remitas próximamente las ideas o propuestas que consideres relevantes". El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ya señaló públicamente que apuesta por el establecimiento de una "tarifa estable" por un mínimo de cinco años.
Ley de Cambio Climático
El borrador de la Ley de Cambio Climático, en su disposición adicional segunda, ya incluye el Estatuto, señalando algunas de sus características. Así, emplaza al Gobierno a aprobar, seis meses después de su entrada en vigor, "un Estatuto de Consumidores Electrointensivos que reconozca las particularidades de aquellos consumidores industriales eléctricos con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible".
Añade que el Estatuto establecerá la caracterización de dichos consumidores "atendiendo a variables objetivas vinculadas a las pautas y volumen de potencia y energía demandadas, así como a su contribución potencial a una mejor gestión técnica y económica del sistema", aludiendo a su capacidad para ofrecer servicios relacionados con la gestión de la demanda, de un modo similar al actual servicio de la interrumpibilidad.
La disposición concluye que el Estatuto "desarrollará mecanismos a los que se podrán acoger estos consumidores, encaminados a mitigar los efectos de los costes energéticos sobre la competitividad de la industria, de conformidad con la normativa comunitaria".
La creación del Estatuto es una vieja petición de la industria, aglutinada en torno a la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege). Su director, Fernando Soto, suele indicar que quiere sus socios padecen una diferencia del 30% en los costes energéticos frente a su competencia europea, en Alemania o Francia.
El Estatuto francés para estas firmas se basa en criterios de intensidad comercial del sector en Europa y la relación entre la energía consumida y Valor Añadido Bruto. Adicionalmente, reconoce reducciones en la contribución al desarrollo de las renovables y otros costes, como los sistemas insulares y la financiación de tarifas de primera necesidad. También fija tarifas más bajas en los peajes de red, compensación de los costes de CO2 repercutidos en la electricidad y el servicio de interrumpibilidad.