El gran comercio en internet rechaza la tasa Google y alerta de que supondrá un cambio "radical" en la manera de gravar a las compañías, dado que se impone un 3% sobre los ingresos y no sobre los beneficios como se hace normalmente, según denuncian fuentes del sector.
El nuevo impuesto afectará sobre todo a compañías digitales, de publicidad o plataformas, pero, a diferencia de empresas realmente tecnológicas como Google, Apple y Facebook, las de comercio electrónico, como por ejemplo Amazon, tienen unos ingresos muy altos con unos beneficios muy bajos, según subrayan.
El objetivo de esas tasas es encontrar una manera de gravar a compañías que no invierten en Europa, pero no es el caso de Amazon, que ha invertido 27.000 millones de euros y genera 65.000 trabajadores en el Viejo Continente.
El servicio de intermediación supone el 50% para Amazon
La versión europea de la tasa, a falta de conocer más detalles sobre la que se aplicará en España -aunque se espera que sea muy similar-, afectaría al negocio de intermediación entre clientes y vendedores de Amazon, además de al de publicidad digital, que es muy pequeño, pero no al de 'retail'.
Los servicios de intermediación suponen el 50% de los ingresos de Amazon, mientras que la segunda mitad corresponde a la venta directa, que no se verá afectada por la tasa Google.
Algunos países están abiertos a la medida como Irlanda, Finlandia, Suecia, Holanda o la República Checa
La misma fuente ha explicado que la nueva tasa se aplicará sobre la comisión que cobran las plataformas de comercio electrónico, por lo que compañías como Amazon tendrían que decidir si la absorben ellas o incrementan el importe que cobran a las empresas vendedoras, que, a su vez, repercutirían esa subida al cliente final. Además, si el impuesto se introduce solo en España, las plataformas de comercio electrónico pasarían su pago a los pequeños proveedores españoles, lo que daría ventaja del 3 % a los de otros países.
Algunos países están abiertos a la medida como Irlanda, Finlandia, Suecia, Holanda o la República Checa, y otros, con Alemania a la cabeza, se muestran más críticos con la misma.
Asimismo, mucho países no la ven nada clara, pero consideran, como es el caso por ejemplo de Francia, que tienen que gravar a las compañías tecnológicas porque es una medida popular socialmente, según ponen de manifiesto desde el sector del comercio en internet.
