Barcelona
Los tribunales serán una vez más el lugar en el que se dirimirán las discrepancias público-privadas por la gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona. Y es que las posturas se presentan como irreconciliables entre el consorcio liderado por Acciona y la Generalitat por la anulación de la adjudicación de la concesión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) de diciembre de 2012.
Hasta esta sentencia del Tribunal Supremo -de febrero de 2018-, el consorcio adjudicatario y la administración catalana eran aliados en la defensa de la validez del concurso en la batalla judicial abierta por Agbar -que también optaba al contrato-, pero la anulación del procedimiento y la decisión del Govern de recuperar la gestión pública de ATLL han llevado a un escenario completamente diferente.
El desencuentro ya se empezó a vislumbrar cuando la Generalitat aprobó en julio un decreto por el que creaba la empresa pública Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) para asumir la gestión a partir del 1 de enero de 2019, dejando al consorcio de Acciona sin posibilidad de presentar recurso adminitrativo. Dicho decreto también recogía que la nueva empresa ATL asumiría los costes que se pudiesen derivar de la liquidación del contrato de ATLL.
Pero el enfrentamiento abierto se concretó cuando hace unos días Acciona hizo público que pretende recibir más de 1.000 millones de euros por dicha liquidación y por daños y perjuicios. En un comunicado, la Generalitat calificó esta cifra de "desproporcionada" y anunció que en las próximas semanas concluirá los análisis internos para calcular "la compensación que corresponde por la finalización del servicio que ATLL presta al amparo de un contrato que ha sido declarado nulo". La polémica quedó servida, y, según ha podido saber elEconomista, ambas partes esgrimen internamente argumentos sobre la imposibilidad de negociar y la inevitabilidad de abrir una batalla judicial que no se augura rápida. Uno de los socios minoritarios del consorcio del que Acciona controla el 76,05%, el fondo británico Pioneer Point Partners, afirma que tomará "las acciones judiciales necesarias" -incluyendo instancias internacionales- para defener sus intereses si la Generalitat "no cumple sus compromisos contractuales".
Colau, pendiente del Supremo
Mientras la concesión de ATLL avanza hacia una nueva batalla legal, hay otra empresa de gestión del agua del área metropolitana de Barcelona (AMB) pendiente de sentencia por parte del Tribunal Supremo. Se trata de Aigües de Barcelona, empresa público-privada que Ada Colau pretende remunicipalizar porque considera que se constituyó irregularmente sin pasar por concurso público. El fallo del alto tribunal se esperaba para finales de este año, pero de momento no hay indicios de que finalmente vaya a ser así, ni garantías de que la sentencia llegue antes de las elecciones municipales de mayo.
Entretanto, la compañía mixta -de la que Agbar tiene el 70%, y la AMB y Criteria el otro 30%- cruza recursos con la AMB por aprobar con retraso planes de inversiones anuales y recortarlos cuando los trabajos ya están ejecutados.
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