Acciona y sus socios en la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL) reclaman 1.036 millones a la Generalitat por la liquidación del contrato de adjudicación de la gestión de esta empresa pública.
En una comunicación a la CNMV, el regulador bursátil, Acciona asegura que la compensación total adeudada por la Generalitat ascendería aproximadamente a 1.074 millones, pero que unos 38 millones corresponden a "la deducción de las provisiones por liquidación ordinaria del contrato", por lo que la cifra de referencia son esos 1.036 millones, han asegurado fuentes de Acciona.
En concreto, Acciona solicita 305 millones por la liquidación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat, y otros 769 millones en concepto de "daños y perjuicios".
Acciona ostenta un 76,05% de la sociedad ATLL Concessionària de la Generalitat
Acciona ostenta un 76,05% de la sociedad ATLL Concessionària de la Generalitat, en la que también participan, entre otros accionistas, las familias Rodés (5 %) y Godia-Torreblanca (5%), y el fondo británico Pioneer Point Partners (1,95%).
El diario Expansión avanza hoy la cifra de la reclamación a la Generalitat y explica que este documento se basa en un informe elaborado por la consultora PwC, y así lo han confirmado también fuentes de ATLL.
El Gobierno catalán ha decidido recuperar la gestión pública de ATLL, que ahora se llamará ATL, a partir del 1 de enero de 2019.
La Generalitat todavía no ha comunicado a Acciona qué cantidad le ofrece tras la liquidación del contrato de adjudicación, aunque a principios de agosto el conseller de Economia, Pere Aragonès, recordó que la Generalitat no ha resuelto la adjudicación por voluntad propia, sino por sentencia judicial, dando a entender así que la indemnización correspondiente a Acciona sería más baja de lo esperado por esta empresa.
La privatización de la gestión de ATLL sirvió en 2012 a la Generalitat para reducir el déficit de ese año en unos 1.000 millones de euros, y como el TSJC declaró nulo ese procedimiento ahora debe decidirse además a qué ejercicio se imputan esos 1.000 millones, un problema contable para el Govern presidido por Quim Torra, que está elaborando sus Presupuestos para 2019.
