La Intervención General del Estado ha tumbado las cuentas de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 2017, al haber detectado irregularidades en la contabilización de más de 500 millones de euros recaudados con las multas de tráfico y la tasa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), entre otras. El Organismo, consultado por elEconomista por la opinión del auditor -denegada-, indica que los fallos detectados "son carencias históricas" que achaca a la "insuficiencia de recursos humanos" y que tiene un Plan aprobado por los interventores para solventarlas.
La DGT recaudó 376 millones con las sanciones de tráfico -en 2016 obtuvo 340 millones y en 2015 la cifra fue de 390 millones-, una cantidad que representa el 37,34% de los ingresos netos del Organismo durante el pasado ejercicio, según el Informe de auditoría publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El BOE indica que la DGT obtuvo unos ingresos de 268,9 millones en concepto de sanciones no cobradas durante el período voluntario, que adquirieron ejecutividad y fueron enviadas a la Agencia Tributaria (Aeat), para que ésta los reclamase a los infractores por procedimiento de apremio. Sin embargo, no contabilizó esos ingresos, sino los 108,9 millones resultantes del importe líquido de la gestión de cobro realizada por la Aeat.
El Informe prosigue que la DGT tampoco contabilizó 161,7 millones de anulaciones y cancelaciones de derechos por insolvencia, prescripción y otras causas, ni otros 11,4 millones de rehabilitaciones y reactivaciones de deudas antiguas, especificando que todos estos importes le fueron comunicados al organismo por parte de la Aeat mensualmente.
Consorcio de Seguros
El auditor también refiere irregularidades en las transferencias al Consorcio de Compensación de Seguros, al que le corresponden la mitad de las sanciones aplicadas por el incumplimiento de la obligación de asegurarse, que ascendieron a 19 millones.
La DGT se los anotó íntegramente, con la intención de saldar las cuentas posteriormente con el Consorcio, contabilizándolo como una devolución de ingresos. Pero en la liquidación final resulta que los importes de derechos reconocidos y anulados están incrementados en 9,3 millones.
Finalmente, la DGT se apuntó 77,6 millones en concepto de la tasa abonada por las concesionarias del servicio de la ITV, que son contradictorios con la información que ofrece el Registro de Vehículos sobre las inspecciones realizadas durante el período.
Las cuentas del Organismo correspondientes a 2017 fueron formuladas por su anterior director, Gregorio Serrano, en abril de 2018. Su sucesor, Pere Navarro, las modificó en julio, a los nueve días de tomar posesión.
