Los planes de Unilever de centralizar su base de operaciones en Rotterdam, en lugar de Londres, constituyen un siniestro recordatorio del riesgo que la salida de la Unión Europea impone sobre la continuidad de Reino Unido como foco global de negocios y de las tensiones accionariales que cualquier deslocalización amenaza con desencadenar.
Las insistentes desvinculaciones del Brexit reiteradas por el consejero delegado desde la oficialización del anuncio en marzo no han bastado para aplacar los ánimos ante un movimiento que cuestiona la apertura real de la segunda economía del continente, la confianza que genera entre los inversores y la primacía del FTSE como parqué de referencia.
La votación que decidirá el futuro del gigante de bienes de consumo será doble y tendrá lugar el 25 y el 26 de octubre en la ciudad holandesa que aspira a llevarse el pastel y en la capital británica, pero el mero planteamiento evidencia cómo la parálisis de las negociaciones del divorcio ha agotado la paciencia de la clase empresarial. A seis meses de la ruptura, compañías acostumbradas a planificar estrategias plurianuales se encuentran en la extraordinaria tesitura de ignorar si a partir del 29 de marzo contarán con permisos para operar, o cómo podrán seguir vendiendo a su principal destino exportador. Algunas no han querido esperar. Admiral había avanzado en julio que moverá a España su entidad de cabecera.
En el caso de Unilever, según la dirección, los más de 7.000 empleados con los que cuenta al norte del Canal de la Mancha apenas sentirán los efectos de la mudanza, pero la coyuntura elegida para poner fin a la estructura de propiedad dual que data desde la constitución misma de la compañía, en 1929, resulta, cuando menos, llamativa. Si bien su consejero delegado, Paul Polman, ha reiterado "categóricamente que esto no tiene nada que ver con el Brexit", es incontestable que, en Holanda, Unilever estará mejor posicionada para mantener la fluidez de las relaciones comerciales con la UE que con las inevitables restricciones, aún por determinar, que pesarán sobre Reino Unido en su vida en solitario.
Aviva, en pie de guerra
La propuesta, con todo, ha levantado ampollas entre los inversores británicos. Algunos, como Aviva, han declarado abiertamente que no ven "justificación alguna" y han pedido a los demás accionistas que secunden su rechazo cuando la hora de la verdad llegue dentro de un mes. Para fructificar, el cambio debe ser autorizado por el 75% de los inversores afincados en Reino Unido y el 50% de los ubicados en los Países Bajos.
No en vano, independientemente del resultado final, la explicación alegada por Polman ha convencido a pocos en las islas. Su argumento principal reivindica la necesidad de simplificar el modelo de propiedad, una aspiración con la que coinciden tanto en Londres como en Rotterdam, ya que la fórmula existente no parece en sintonía con el panorama corporativo moderno. Poner fin a la estructura dual, ha subrayado la dirección, facilitaría la compra y venta de activos y mejoraría la gobernación de la empresa.
La controversia se basa, por tanto, en el emplazamiento elegido. La excusa oficial se sustenta en dos aspectos objetivos: Holanda representa el 55% del total de la compañía y hay más liquidez en las acciones que cotizan allí que en la ciudad del Támesis. La interpretación, sin embargo, queda en evidencia cuando el primer argumento, el del 55-45 de la propiedad, es técnicamente reversible sin complicaciones, mientras el segundo resulta desmontado en un contexto donde, en la práctica, existe solo un tipo de cotización, por lo que la liquidez quedaría concentrada.
En consecuencia, bajo el ruido generado por la mudanza de la tercera compañía británica, fabricante de productos de profunda identificación nacional como el comestible Marmite, subyace una incógnita de mayor calado todavía: quién es la próxima, sobre todo si entidades de menor tamaño toman como referencia a Unilever en su propio debate sobre la localización más conveniente dado el actual marasmo del Brexit, o peor incluso, si los inversores consideran el movimiento un signo claro de que la salida de la UE compromete al Reino Unido como espacio para hacer negocio.
Al respecto, la industria financiera había sido una de las primeras en mover ficha. Su dependencia del sistema de pasaporte bancario, el salvoconducto para operar en el Área Económica Europea, convierte la fluidez de relaciones con el continente en necesidad de supervivencia. Goldman Sachs, Citigroup o Deutsche Bank preparan movimientos e instituciones prototípicamente británicas como Barclays, o HSBC, prevén cambios, pese a descartar, de momento, trasladar su centro de operaciones.
La banca no es la única: sectores como la aviación, la automoción y todos aquellos cuya actividad se basa en la compleja cadena de suministro internacional, posible gracias a la presencia en el mercado común y en la unión aduanera, ven en la falta de avances un riesgo existencial a su modelo de producción. De ahí el hartazgo de los Airbus, o Jaguar Land Rover, que saben que cualquier retraso en el intercambio fronterizo amenaza no solo sus operaciones, sino su capacidad misma de producir, o la anticipación de easyJet, que ha solicitado ya formalmente en Austria el certificado como operador aéreo.
