El capital extranjero ha tomado el control de la mayoría de las autopistas de peaje de España. Las adquisiciones de Abertis e Itínere por parte, respectivamente, de la italiana Atlantia, junto con ACS y su filial Hochtief, y de Corsair y APG ha propiciado un vuelco en el mapa accionarial de las infraestructuras viarias. En concreto, el 65,8 por ciento de la red de autopistas de pago estará bajo el dominio de inversores foráneos una vez culminen ambas operaciones, lo que se prevé para antes de final de 2018.
La semana pasada, Corsair, el vehículo a través del que varios fondos internacionales controlan el 37,9% de Itínere, anunció un acuerdo con el fondo de pensiones holandés APG para tomar el 59,2% de la concesionaria, con una fuerte presencia en el norte de España. La propuesta viene a contrarrestar el acuerdo que alcanzó Globalvia a finales de julio para comprar el 55,6% de Itínere a Abanca, Kutxabank y Sacyr.
La oferta de Corsair y APG está dirigida al 15,5% que ostenta Sacyr y al 5,8% de Liberbank, a lo que suma el 37,9% que controla la gestora americana. Ahora bien, su objetivo es extenderla al resto de accionistas, es decir, a Abanca y Kutxabank, para alcanzar el 100%. Para ello necesita levantar más fondos. La operación valora el 100% de Itínere en 1.300 millones, el mismo precio que otorgó Globalvia.
Al proceso aún le quedan varios episodios por cerrar. El primero será la decisión que adopte Sacyr. Corsair y APG ejercieron el derecho de primera compra por su participación, lo que a priori anula el acuerdo de la constructora con Globalvia. Para la compañía que preside Juan Béjar, sin embargo, aceptar la oferta supondría un incumplimiento del contrato por parte de Sacyr, lo que le obligaría a una compensación de 100 millones. Un extremo que desde el grupo que lidera Manuel Manrique interpretan de forma distinta, ya que no consideran que el ejercicio realizado por Corsair no estaba contemplado entre los supuestos de ruptura.
Sea como fuere, Itínere pasará a estar a controlado mayoritariamente por el capital extranjero. Incluso en el caso de que Globalvia consiguiera sacar adelante su acuerdo, toda vez que la concesionaria, con sede en España, está participada al 100% por los fondos de pensiones USS (Reino Unido), PGGM (Canadá) y OP Trust (Holanda).
Itínere gestiona más de 600 kilómetros de autopistas de pago, principalmente en Galicia, Castilla y León y País Vasco. No obstante, esta cifra se limitará a 552 kilómetros en noviembre, cuando la AP-1 Burgos-Armiñón revertirá al Estado.
Globalvia, por su parte, pasó a manos extranjeras hace dos años, cuando los fondos de pensiones compraron a FCC y Bankia. La firma controla la AP-53, en Galicia.
Mientras, Abertis, la mayor concesionaria de España con casi 1.570 kilómetros, tendrá un nuevo accionista de control en unas semanas. Será la italiana Atlantia, con el 50% más una acción. El resto se lo repartirán ACS y su filial alemana Hochtief, con el 30% y el 20% menos un título, respectivamente. Aunque deberá gestionarse con consensos, la gestión está dominada por la compañía italiana. Se trata de una operación por la que se creará la mayor empresa de infraestructuras del mundo.
El Estado, segundo operador
El movimiento ha provocado la exclusión de bolsa de Abertis y aunque mantiene la sede en España, su posición en el país está fuertemente condicionada a la decisión del Gobierno con las autopistas que vencen en los próximos años. En 2019 expira Aumar y dos años después lo hará Acesa e Invicat. Entre las tres explotan dos terceras partes de todos los kilómetros de la concesionaria. Entre las concesionarias privadas, también tienen presencia en España Ferrovial, Sacyr y Pralesa.
En los últimos meses, la liquidación de las autopistas en quiebra (radiales) ha provocado la reversión al Estado. Se trata de ocho concesionarias (la de la AP-41 está pendiente) que explotan 710 kilómetros de vía, lo que convierte a Seitt, por ahora, en el segundo operador del mercado español.
