El gigante alimentario catalán Vall Companys ha paralizado la venta del 29,83% que tiene en Comapa 2001, la empresa cárnica investigada por la Guardia Civil por un presunto fraude en la venta de jamón ibérico caducado o en malas condiciones.
Fuentes de esta compañía han confirmado que "la desinversión se ha paralizado con el compromiso además de aportar estabilidad accionarial y seguir en el capital durante este año y el que viene".
El primer accionista de Comapa 2001 es, sin embargo el Grupo Empresarial Les Pedreres, una sociedad patrimonial controlada por el empresario Blai Parés, que ejerce como presidente además de Comapa.
La empresa cárnica se persona como acusación particular en los juzgados de Valencia y Badajoz
De acuerdo con los últimos datos que figuran en el Registro Mercantil, Immo Habitat Inversions, una firma con sede en Vic (Barcelona), pero con su matriz en Suiza, tiene otro 16,77% y Fleku Treinta, cuyo administrador único es José Luis Ambrosy, el 10,13% restante.
Sin embargo, de acuerdo con los datos facilitados por la propia compañía Fleku Treinta controla ya el 27,56% del capital. En un primer momento, hace meses, Vall Companys estuvo negociando directamente la venta de su paquete a Blai Parés, aunque la operación finalmente no llegó a materializarse.
Desde Comapa 2001 insisten ahora en que la empresa, que seguirá acometiendo inversiones en sus plantas pese al proceso judicial abierto, se ha personado además como acusación particular en las causas abiertas en los juzgados de Alzira (Valencia) y Frenegal de la Sierra (Badajoz).
El pasado mes de julio, la Agencia de Seguridad Alimentaria activó la alerta sanitaria sobre la enseña Oro de la Ermita, que se distribuía en exclusiva en Carrefour. La empresa aseguró ya entonces que cumplía con todos los requisitos legales de trazabilidad, pero desde la cadena de hipermercados se procedió a la retirada inmediata de cientos de jamones, que no se han vuelto a introducir.
Bajo sospecha por haber vendido jamón ibérico por menos de 80 euros la pieza
Comapa, que estaba bajo sospecha desde hace más de un año tras haber sacado al mercado jamones, supuestamente ibéricos, por menos de 80 euros la unidad, se ha defendido en todo momento argumentando que su enseña se había falsificado por un tercero, postura que está manteniendo también ahora en los juzgados.
Todo porque Sanidad anunció la retirada de la marca Oro La Ermita y la suya es Oro de la Ermita. Se da la circunstancia, sin embargo, que la compañía se enfrenta a una denuncia por un caso muy parecido.
La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón de Trevélez ha denunciado a la cárnica que preside Blai Parés por distrbuir los jamones Trevedul y Sierra de la Alpujarra en superficies comerciales como Carrefour, Consum y Ahorramás.
"Que cada uno fabrique como quiera sus jamones, pero que no utilice un nombre que confunda, porque se pone en riesgo el prestigio y el trabajo de calidad de muchos años de jamoneros", asegura Pilar Álvarez, presidenta del consejo regulador de Trevélez.