La multinacional japonesa Itochu ha sumado una nueva demanda contra el Reino de España por los recortes retroactivos a las energías renovables en las reformas de 2010 y 2014 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El bufete de abogados español Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y el nipón Nagashima Ohno & Tsunematsu actúan como asesores de la compañía.
Se trata del trigésimo arbitraje que enfrenta España por el hachazo a las renovables en el organismo dependiente del Banco Mundial. Las reclamaciones ascienden al entorno de los 8.000 millones de euros, aunque una reciente doctrina de la Unión Europea puede evitar que el país abone las multas porque entiende que puede contravenirse el derecho comunitario.
Hasta la fecha, España ha ganado dos demandas y ha perdido tres. Entre las primeras, el tribunal internacional de arbitraje le dio la razón en sus disputas con Isolux y con Solarpack Management. Por el contrario, el Ciadi falló en su contra en los conflictos con los fondos Antin, Eiser y Masdar.
En conjunto, España ha sido condenada por el Banco Mundial al pago de un total de 304 millones de euros. En concreto, en el último fallo publicado, multó al Estado español al desembolso de 112 millones de euros a Antin. Previamente, en mayo, sancionó con 64,5 millones a pagar a Masdar, el fondo de Abu Dhabi. Y, con anterioridad, resolvió una compensación de 128 millones más intereses a favor del británico Eiser.
No es el único caso que España tiene abierto por el recorte a las renovables
Al margen de estos arbitrajes en el Ciadi, España tiene abiertos en otros tribunales demandas por el recorte a las renovables. A este respecto, se ha anotado una derrota hasta la fecha en la Cámara de Comercio de Estocolmo frente a NovEenergia, aunque con posterioridad fue anulado por un tribunal sueco. En cualquier caso, el Gobierno español está decidido a plantar la batalla, al menos en alguno de los casos desfavorables. En este sentido, el 5 de julio el nuevo Ejecutivo presentó un recurso ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por el fallo del pasado 17 de mayo a favor de Abuh Dhabi, por el que le condenó a pagar los 64,5 millones de euros citados.
No obstante, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica consultadas por este diario indicaron que todavía no hay una posición clara sobre esta cuestión en el actual Gobierno. Por el momento, la Abogacía General del Estado ha actuado siguiendo las directrices que tenía del anterior Ejecutivo. La firma, que pertenece a Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi, reclamaba 165 millones.
Masdar tiene el 40% de la sociedad Torresol -Sener tiene el 60% restante-, especializada en la energía solar termoeléctrica. Desarrolló la central de Gemasolar, de 19 MW, así como las de Valle 1 y Valle 2, de 50 MW cada una.
