La medida estrella del plan de fiscalidad medioambiental promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez afectará de lleno al bolsillo de la nueva economía digital. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el miércoles en el Congreso que su departamento está estudiando elevar un 31 por ciento el impuesto especial del diésel para equipararlo en precio con la gasolina y así "desincentivar su uso".
En concreto, el impuesto pasaría de los 30,70 céntimos por litro actuales a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina, el diésel en unos 9,55 céntimos más por litro. La subida se haría de forma escalonada por lo que un primer año el incremento de la recaudación será de 600 millones, llegando a los 2.140 millones cuando se complete el alza. Eso sí, siempre y cuando se mantenga el consumo. El impacto total para los conductores se valora en 778 millones.
La medida, que ya fue planteada por el grupo de expertos convocado por el Ejecutivo popular, ha despertado las críticas del sector del transporte aunque con la boca pequeña. "Tiene afán recaudatorio, solo prima que se consuma más gasolina. Debería incitar al cambio del uso de combustible primando lo eléctrico y el gas", aseguró Ramón Valdivia presidente de Astic antes de explicar que para ellos el efecto era neutro.
Y es que, aunque por filosofía están en contra de cualquier subida de impuestos, ésta en concreto no afecta realmente a las empresas tradicionales porque tienen derecho a usar el llamado gasóleo profesional que neutraliza cualquier incremento o descenso de los gravámenes sobre el combustible en Europa para asegurar la igualdad y la libertad de mercado de las empresas de transporte tradicionales. La UE ha establecido un impuesto mínimo de 330 euros por metro cúbico que impide a los países miembros establecer un gravamen más bajo pero que también abre la puerta a que las haciendas devuelvan a los transportistas el impuesto que supere ese mínimo.
En España pueden utilizar el gasóleo profesional los camiones, los autobuses (que al 90 por ciento son de diésel), cualquier vehículo profesional de más de 3.500 kilos y los taxis con taxímetro, que son unos 60.000 en toda en España. La devolución del impuesto solo se hará efectivo a los repostajes pagados con tarjeta y hasta un máximo de 50.000 litros al año. Pese a que la subida "debe ser neutral para los autobuses via gasóleo profesional", tal y como reconoce Confebus, la federación de autobuses ha mostrado su preocupación por que la subida les pueda afectar de alguna manera si el Ejecutivo decide dejar de aplicar ese tipo de bonificación o la modifica de alguna manera.
Por su parte, no tienen derecho a él los 8.490 vehículos que operan con una licencia de VTC en España, es decir, los que trabajan con Uber y Cabify, ni las furgonetas de reparto de paquetes en ciudad, cuyo uso está en auge por el alza del comercio online, ni los turismos privados (1,8 millones de conductores). Así, el dieselazo planeado por el Ejecutivo socialista no animará a los grandes transportistas profesionales a cambiar de motor hasta que no haya una tecnología fiable para el largo recorrido mientras que supondrá un duro golpe al modelo de negocio de los coches que trabajan a través de las plataformas Uber y Cabify, que verán como sube su estructura de costes obligándoles a subir los precios mientras que su competencia directa, el taxi, no tiene que hacerlo. Y es que, los márgenes de las VTC ya son muy estrechos y un aumento tan fuerte en los gastos se tendrá que repercutir íntegro en el cliente. El presidente de Unauto, Eduardo Martín, se mostró muy preocupado por esta medida. En esta línea, el alza de los costes en el transporte de los paquetes también afectará al precio del comercio electrónico, que tiene unos márgenes muy ajustados y que ha llevado a empresas como Amazon a contratar autónomos para realizar la entregas en 24 horas a precios más competitivos.
