La Fiscalía Anticorrupción considera aún insuficiente los argumentos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para archivar la principal causa contra Emilio Saracho en el caso Popular: la manipulación del mercado.
El regulador remitió un informe a la Audiencia Nacional en el que aseguraba que en la última etapa de la entidad, la referente al periodo que presidió Saracho, no se han detectado prácticas de manipulación del mercado con el objetivo de hacer caer el precio de la acción.
El expresidente del banco pidió al magistrado el sobreseimiento de esta pieza contra él, aunque el Ministerio Público aún pide más garantías al respecto y condiciona la decisión de sobreseimiento a los informes que realicen los peritos judiciales, según informan a este diario fuentes cercanas al caso.
Una de las querellas interpuestas el pasado verano ante la Audiencia Nacional y admitida a trámite por el magistrado Fernando Andreu embestía directamente contra la última cúpula del banco antes de su resolución. El texto señalaba que, en el seno del consejo de administración, hubo maniobras especulativas orquestadas por Saracho y el empresario mexicano y accionista del banco, Antonio del Valle, con el objetivo de hacer bajar el valor de la acción de la entidad "en beneficio propio".
Éste es el principal proceso al que se enfrenta el exbanquero por la vía penal y el informe de la CNMV da oxígeno al respecto
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Andreu apuntó entonces en su auto del pasado mes de octubre que lo que se denunciaba se entiende como "una campaña de desprestigio" de la entidad a través de la publicación de noticias falsas para hacer caer el valor de sus acciones y "obtener así importantes beneficios", hechos que podrían constituir un delito de manipulación del mercado. Éste es el principal proceso al que se enfrenta el exbanquero por la vía penal y el informe de la CNMV da oxígeno al respecto. La decisión de Anticorrupción también supone un punto de inflexión ya que valora la posibilidad de pedir el sobreseimiento de la pieza, aunque, no obstante, la última decisión está en manos del juez.
Por otro lado, Saracho, al igual que su antecesor Ángel Ron, también está siendo investigado por las retribuciones que recibió en su cargo como presidente de la entidad. Los denunciantes solicitaron al juez de la Audiencia Nacional investigar si se produjo administración desleal y apropiación indebida por las remuneraciones percibidas.
Ángel Ron protagoniza una de las piezas más importantes en la causa: la que investiga la presunta falsedad de las cuentas de la entidad. De momento, el magistrado mantiene acotada la investigación al ejercicio 2016, aunque los últimos avances en el caso podrían llevar al juez a ampliar la investigación a periodos anteriores a dicho ejercicio.
Un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa -realizado a raíz de documentos incautados en un despacho de abogados en un caso ajeno al del Popular- señala que el banco presuntamente ocultó pérdidas desde el año 2011. Concretamente, el documento apunta a que el banco se sirvió de un entramado empresarial en Luxemburgo para financiar sociedades acreedoras que pasaban por dificultades para afrontar sus deudas.