Empresas y finanzas

La JUR tendrá que desvelar nuevos datos confidenciales de la resolución de Banco Popular

  • Hacen referencia al controvertido informe de Deloitte y a la fuga de depósitos
  • También podrían ver la luz los procesos privados de venta que buscó Popular

Pequeño paso para los antiguos accionistas de Banco Popular. El panel de recursos de la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo de la Unión Europea encargado de resolver las entidades financieras quebradas, ha escuchado las reclamaciones de los afectados y ha aceptado publicar nuevos datos confidenciales sobre la resolución de Popular.

¿Cuáles son esos documentos secretos? En particular, los afectados por la reducción a cero de las acciones de Popular pedían que el organismo que preside Elke König desclasificase por completo el controvertido informe realizado por Deloitte, que contemplaba tres escenarios de valoración, uno de ellos positivo (+1.300 millones de euros), otro central (-2.000 millones de euros) y un último negativo (-8.000 millones de euros).

La propia firma auditora reconoció en su momento que esta valoración era incierta y apresurada puesto que se había realizado en doce días en vez de en el tiempo estipulado de seis semanas. Además, Deloitte también señalaba en su informe que el precio de venta de Popular sería el de la oferta que decidiera hacer el mercado. Sin embargo, la JUR directamente propuso el precio de venta a tan solo un euro.

Otro de los documentos confidenciales hacían referencia a la fuga de depósitos antes de que acabase en manos del Santander. En concreto, los accionistas solicitaban saber quiénes (organismos públicos, empresas, comunidades autónomas...) retiraron sus depósitos entre mayo y junio de 2017. También podrían ver la luz los procesos privados de venta que barajó el propio Popular para salir adelante.

Estos datos son vitales para que los afectados vayan a los tribunales españoles y europeos con toda la información

Tras más de un año de opacidad, la JUR considera que estos aspectos son importantes para que los afectados tengan la "oportunidad razonable" de impugnar o no la operación, y personarse en las distintas causas abiertas en los tribunales españoles y europeos en plenitud de sus derechos.

Las fuentes consultadas por Efe explican que si bien esta decisión obliga al organismo europeo a remitir esta documentación, este trámite podría tardar semanas, como sucediera con la dictada por el panel de recursos el pasado 28 de noviembre. En aquella ocasión, el órgano no anunció hasta febrero que la falta de liquidez llevó a Popular a la resolución, ya que dos días antes era solvente.

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