Valladolid
La crisis económica y la despoblación han actuado como un cóctel molotov en la prestación de servicios financieros en las zonas rurales españolas. Según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), en 2016 había 4.114 municipios que no disponían de oficinas bancarias, es decir, el 50,7% del total de los pueblos de España. En términos de población supone que 1.256.590 personas tienen que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal, un 34,2% más que en el año 2008. En conjunto, representan el 2,7% de la población española. Castilla y León es la comunidad más afectada.
Pese a que el Banco Mundial señala a España como uno de los países más avanzados en Europa en inclusión financiera -el 98% de la población tiene acceso a servicios bancarios-, el creciente problema en las zonas rurales ha hecho mover ficha a la banca.
El presidente la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, reconocía hace unos días que el proceso de cierre de sucursales en los pueblos no va a parar y lanzaba el guante a los bancos para buscar "fórmulas de cooperación" para llevar sus servicios hasta las localidades que carecen de sucursal.
La fórmula planteada por la patronal de la banca se basaría en acuerdos entre las entidades para que lleguen a los municipios sin oficinas -una o varias veces a la semana- "de forma rotatoria" para que todos los bancos se impliquen contra la exclusión financiera. "Los procesos cooperativos pueden tener sentido para el mundo rural en el que va a ser difícil que ya tengan acceso a la presencia bancaria física permanente", en opinión de Roldán. Esta vía ya se encuentra muy desarrollada en otros países como Estados Unidos y Canadá, donde existen amplias zonas geográficas sin sucursales en sus poblaciones. La otra gran baza es el proceso de digitalización del sector, que a su juicio es "imparable".
La propuesta ha caído bien entre las principales entidades financieras, que no obstante recuerdan las diversas iniciativas que llevan a cabo desde hace años para no dejar al medio rural sin acceso financiero. Así, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, reconocía que la propuesta lanzada por la AEB de compartir oficinas "hay que estudiarla porque damos un servicio cuasi público y tendremos que hacer esfuerzos colectivos".
Guardiola recordaba que la entidad ya se enfrentó a este problema cuando tras la adquisición del británico TSB cerraron oficinas en el Reino Unido, país con muchas menos oficinas per cápita que en España.
La entidad que preside Josep Oliu, explica que en España está haciendo esfuerzos "por proteger la inclusión financiera". Así, han puesto vehículos móviles; oficinas físicas que comparten un director; banca electrónica, y cajeros donde han cerrado oficinas.
El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, se ha mostrado también receptivo a las oficinas multimarcas y aplaudía "cualquier iniciativa que haya para evitar la exclusión financiera, que en España es la más baja de Europa".
El número dos de Bankia, entidad heredera de varias cajas de ahorro, con un arraigo tradicional arraigo en el medio rural, recuerda no obstante que el planteamiento de la AEB, "es diferente al nuestro. Nosotros ya lanzamos un servicio de Ofibús en su momento, porque era un problema que nos surgía cuando teníamos que salir de determinadas zonas. Dan un servicio de oficina completa y nos están funcionando muy bien, visitan más de 300 municipios y es una solución interesante para aquellas poblaciones donde no hay servicio bancario y donde no hay masa crítica para tener una oficina de forma permanente".
También el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha mostrado públicamente su "compromiso" para estudiar en detalle la propuesta. "En España tenemos una problemática nueva relacionada con la distribución de población del país, que está dejando zonas cada vez menos pobladas y estamos interesados en proporcionar los mejores servicios posibles. El mundo digital, combinado con los cajeros, puede funcionar", apuntó también.
En este sentido, desde el banco señalan que están inmersos en un proyecto "superdigital" en Brasil, un país con una elevada exclusión financiera, con la puesta en marcha de tarjetas que permite pagos e ingresos sin vinculación con la entidad.
También se abren oficinas
"En general se buscan fórmulas de accesibilidad, no sólo en las zonas rurales sino también, por ejemplo, para personas con difícil movilidad", añaden estas fuentes, que recuerdan que el Santander dispone de 7.500 cajeros -sumados los del Popular- y que el banco está haciendo una importante esfuerzo en formar al cliente en el entorno digital.
El Grupo cooperativo Cajamar reconoce que, al igual que otras entidades, en los últimos años ha reducido el número de sucursales en las zonas con mayor densidad atendiendo a los requerimientos del BCE, que considera que en España el sector financiero dispone de un exceso de capacidad instalada. Pero la entidad, estrechamente vinculado al mundo rural desde sus inicios, recuerda que siguen abriendo oficinas en poblaciones en las que tienen menor presencia. Así, en 2017 inauguraron 6 sucursales y este año harán lo mismo con otras ocho. A 31 de marzo, Cajamar contaba con 1.046 oficinas en 43 provincias, teniendo especialmente una alta capilaridad en zonas rurales de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, y en menor medida de Castilla y León y Canarias.
Además, en un centenar de poblaciones cuentan con "corresponsalías" y "agentes financieros locales. Las corresponsalías son centros de atención a clientes ubicadas en pequeños núcleos de población, que actúan bajo la dependencia de una oficina que se encuentra en otra localidad próxima, en las que se atiende determinadas horas y días de la semana. Por su parte, los agentes financieros locales están en poblaciones donde no hay oficinas ni corresponsalías. No son profesionales procedentes de nuevas contrataciones sino antiguos empleados que se han reconvertido en agentes financieros y desempeñan esta labor en pequeñas poblaciones para evitar su exclusión.
Además disponen desde principios de 2017 de tres "oficinas itinerantes" para poblaciones donde no hay oficinas, ni corresponsalías, ni agentes locales. y que se desplazan periódicamente a 35 pueblos pequeños en zonas rurales de Almería, Alicante, Valencia y Castellón, dando servicio a más de 20.000 habitantes de localidades de baja densidad poblacional.
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha valorado que la propuesta de la AEB es una "noticia magnífica". "Encontrar maneras imaginativas de seguir dando servicios financieros a la población es buena noticia para todos".
CaixaBank, que se mantiene con la mayor cuota de mercado en las zonas rurales, siempre ha apostado por la "inclusión financiera" a pesar de que le ha costado dinero, apuntó, en el marco de su "responsabilidad con la sociedad". En este sentido, la entidad recuerda que nunca cierran una oficina en una localidad en la que no existe ninguna otra presencia bancaria dentro de su "activa política para fomentar la inclusión financiera.
De hecho, la entidad sigue creyendo en la red de oficinas como principal canal para dar servicio a los clientes, con la mayor cobertura geográfica del país (5.379 oficinas y 9.427 cajeros). En 213 poblaciones de España, son la única entidad con oficinas.
Ventanilla de atención
En municipios con menos de 3.000 habitantes se ha adoptado la fórmula de las ventanillas de atención, una iniciativa consiste en la apertura de una ventanilla desplazada durante dos o tres veces a la semana en horario restringido.
Desde Unicaja Banco y su filial, EspañaDuero, aseguran que también están sensibilizados con la prestación de servicios en el medio rural. Así, Unicaja Banco dispone actualmente de unas 80 agencias y agentes financieros una cifra creciente en los últimos años. EspañaDuero, por su parte, cuenta con siete oficinas móviles (vehículo-oficina) que se desplazan varios días por semana a más de 350 pequeñas localidades de siete provincias: Valladolid, León, Salamanca, Palencia, Zamora, Cáceres y Ávila, para ofrecerles atención financiera, lo que supone unos recorridos medios de cerca de 30.000 kilómetros al mes.
Así se trabaja por evitar la exclusión financiera en los núcleos de población de menos de 1.000 habitantes, atendiendo especialmente a personas mayores con más dificultades para desplazarse y satisfacer sus necesidades bancarias.
