La CNMC ha publicado los resultados de su último informe trimestral sobre los hábitos de consumo de energía de los hogares y una vez más descuella un dato sobre todos los demás: cuatro de cada diez familias no tenemos ni idea de qué tipo de tarifa eléctrica figura en nuestro contrato.
El regulador lo achaca al desconocimiento sobre el sector energético y algo de razón debe de tener, pero no cabe duda de que esos hogares ignaros tampoco se preocupan por saber, porque no es tan difícil coger el teléfono o presentarse en una tienda de la compañía suministradora para conocer el porqué de unos recibos que siempre nos van a parecer demasiado caros; por fortuna, el analfabetismo funcional en España no llega al 2 por ciento de la población.
Otra cosa es que sopesemos los pros de preguntar a la eléctrica con los contras, es decir, las ventajas de saber qué tarifa tenemos contratada para optar a algo mejor, con el incordio de dedicarle cierto tiempo y, en el peor de los casos, caer en manos de un timador que perjudique nuestros intereses económicos. Por otro lado, con carácter previo a la disyuntiva, tenemos anclada la creencia, fundada o no, de que el ahorro que podríamos obtener no será relevante.
Esta reflexión choca poderosamente con el monumental follón político y mediático que se monta cada vez que el precio de la luz se dispara y que no ocurre con otros usos de la energía, mucho más relevantes en la cesta de la comprar familiar, como el transporte.
Pero seguramente la cosa va a cambiar algo a la vuelta del verano, porque en octubre vence el plazo que el anterior Gobierno estableció para renovar el bono social de la electricidad, el descuento del 25 por ciento que gozan 2,3 millones de familias en situación comprometida o con situaciones especiales, como ser numerosas, y que, según los últimos datos disponibles, no ha renovado ni el 5 por ciento de los potenciales beneficiarios.
Lamentablemente, los requisitos para renovar el bono, de tan garantistas, son disuasorios.