Madrid, 25 oct (EFECOM).- El presidente del Tribunal de la Competencia, Luis Berenguer, insistió hoy en que el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, actualmente en tramitación parlamentaria, "acortará los procedimientos y reforzará la independencia" de esta institución con respecto al Gobierno.
Durante su comparecencia en el Foro Justicia-Empresa organizado por el Consejo General del Poder Judicial, las Cámaras de Comercio y la Fundación BBVA, Berenguer subrayó que, mientras que con la actual ley el Ejecutivo puede aducir razones de competencia para impedir o no una concentración, en el futuro sólo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) podrá decidir en este ámbito.
El Gobierno intervendrá sólo en los supuestos que afecten a los otros ámbitos relacionados con el interés general, por lo que el Ejecutivo "disminuye su papel a la hora de aprobar concentraciones", explicó.
Recordó que la futura ley, que adapta la normativa española a la europea, establece la creación de la CNC, que integrará a los actuales Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).
Así, el objetivo de esta nueva estructura es asegurar la independencia de esta institución con respecto al Gobierno y la separación entre el órgano de instrucción (la Dirección de Investigación) y el de resolución (el Consejo).
Según Berenguer, la competencia "implica beneficios obvios tanto para la macroeconomía como para los consumidores", ya que asegura mejores precios, más oferta y calidad y mejor atención al cliente, por lo que una legislación adecuada es "imprescindible".
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, señaló que "a estas alturas" a nadie se le escapa la "indudable" transcendencia económica y social que tienen las resoluciones judiciales en determinados ámbitos y su incidencia en la toma de decisiones empresariales.
Para Gómez-Navarro hay una desajuste entre las demandas de las empresas y las condiciones que imponen los mercados, por lo que estimó necesario una justicia "ágil y dinámica" para garantizar la competitividad de los operadores económicos españoles en un entorno "cada vez más abierto e internacionalizado".
En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró que un marco jurídico "estable" es un factor "determinante" para la atracción de inversiones extranjeras.
Añadió que un "escrupuloso" cumplimiento de los contratos y la garantía de que las reglas del juego "no van a cambiar a mitad del partido" es lo que permite el progreso, ya que "elimina incertidumbres y por tanto aumenta las inversiones, el empleo y la riqueza".
Por tanto, defendió que los gobiernos colaboren con la justicia, la doten de los instrumentos necesarios para su "eficaz" funcionamiento e impulsen las reformas necesarias que aseguren su independencia. EFECOM
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