Tras cinco años de instrucción y el último de ellos sin practicar ninguna diligencia, la Audiencia Nacional ha decidido archivar el caso de la venta de preferentes de Caja Madrid bajo el argumento de que la entidad no tuvo intención de engañar a los inversores.
La resolución del juez Fernando Andreu, tomada a raíz de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera el cierre del asunto, libra así de juicio a la cúpula de la antigua Caja Madrid. Entre los investigados del caso, destacaba el fallecido presidente de la caja, Miguel Blesa. Además, la instrucción también investigaba a otros 14 directivos de la antigua entidad y de Bancaja entre los que se encontraba el expresidente de la CEOE y exconsejero de Caja Madrid, Gerardo Díaz Ferrán, y el exsecretario de Estado de Hacienda del Gobierno de José María Aznar y también exconsejero de la caja, José Manuel Fernández Norniella.
La investigación se centraba en la presunta comisión de los delitos de estafa a los inversores, apropiación indebida, administración desleal y maquinar el precio de las cosas. A pesar de que el Ministerio Fiscal nunca llegó a presentar petición de pena contra los acusados, la pena podría haber alcanzado los seis años de prisión si finalmente se hubiera demostrado la comisión de estos delitos.
El ya extinto partido que lideraba Rosa Díez, UPyD, fue el que abrió la causa con la presentación de una querella por la vía penal por los delitos anteriormente mencionados. El magistrado de la Audiencia Nacional admitió a trámite las actuaciones en junio de 2013, hace ahora casi cinco años.
Devolución a los inversores
La causa se centró en la emisión de participaciones preferentes que realizó Caja Madrid en 2009 por 3.000 millones de euros y a la que acudieron unos 230.000 inversores.
La crisis económica y las nuevas regulaciones de capital europeas para la banca llevaron a que el valor de mercado de las preferentes se alejara del valor nominal, provocando que los clientes perdieran parte o la totalidad de su inversión.
El Gobierno, y ante la avalancha de reclamaciones de los consumidores que pedían recuperar su dinero, abrió en 2014 un proceso de arbitraje para que Bankia resolviera las reclamaciones de los afectados. Este proceso no evitó que muchos clientes acudieran a los juzgados por el procedimiento civil.
Hasta el momento, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri y su matriz BFA ya han devuelto 2.800 millones de euros a los inversores. De esta cifra, 1.700 millones se han reintegrado por la vía judicial y otros, 1.100 millones a través del proceso de arbitraje. En total, se ha compensado a más de 170.000 inversores.
No obstante, aún quedan abiertos algunos procesos por la vía civil. Aunque según las últimas cuentas de Bankia, la entidad ya no tiene provisionado dinero para estas últimas demandas, a diciembre de 2016, BFA mantenía una provisión de 624 millones para hacer frente a las compensaciones que pudieran derivarse de las mismas.
Producto complejo
Desde 1998 y hasta antes de que comenzara la crisis, la colocación de participaciones preferentes experimentó un gran auge entre los inversores a pesar de la complejidad del producto. De hecho, antes de 2008 y según indica el auto del juez Andreu, "las participaciones preferentes funcionaron con normalidad y los inversores pudieron recuperar su capital con total normalidad". Sin embargo, fue a partir de ese año, y en plena crisis económica, que los inversores institucionales dejaron de mostrar interés en este producto y la banca intensificó la comercialización entre pequeños ahorradores.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) determinó en 2009 que los bancos debían calificar las preferentes como productos complejos e informar al cliente del riesgo que conllevaban puesto que la fluctuación en el precio nominal podría llevar a pérdidas, como finalmente le ocurrió a miles de pequeños inversores que vieron cómo se esfumaron sus ahorros. El juez Andreu señala que, aunque pudo haber "deficiencias" en las comercialización del producto y que incluso pudo primar el interés de los vendedores por encima de los del cliente, la intención de los directivos de Caja Madrid no fue engañar a los inversores. "No ha quedado acreditado que Caja Madrid emitiera participaciones preferentes con el objeto de engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión", señala Andreu. "Tal posibilidad no era fácilmente predecible en 2009 sin que sea admisible un juicio retrospectivo de intenciones a la luz de los acontecimientos ocurridos años después", estima el auto.
Además, el magistrado añade que tampoco se ha acreditado ni por los testimonios ni por los documentos investigados que los comerciales recibieran instrucciones por parte de Caja Madrid para colocar este producto entre los inversores más inadecuados.
El juez cierra así esta pieza separada del caso Bankia, aunque éste último proceso se mantiene vivo con la fecha de inicio del juicio a punto de conocerse.